No habrá atención médica pública para abortar

Con una votación de 21 votos a favor contra 15 en contra, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato que buscaban establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo.

Noemí Márquez Márquez, diputada panista, señaló que la actual discusión es abstracta y que no representa un debate ideológico, sino una invitación a reflexionar sobre la responsabilidad como sociedad, personas legisladoras y ciudadanía comprometida con el bien común, tal como es el defender la vida como el derecho más fundamental de las personas.

Agregó que la vida humana comienza con la concepción, argumentando que la ciencia, a través de la embriología, la genética y la biología molecular, muestra que desde el instante en que se unen las células de la madre y el padre surge una nueva vida con información única y que esa célula tiene todo lo necesario para desarrollarse de manera autónoma y continua, hasta convertirse en un ser humano pleno.

Finalmente, manifestó que el aborto no es un acto sin consecuencias, toda vez que estudios médicos muestran que las mujeres que abortan pueden enfrentar riesgos físicos y emocionales, por lo que es fundamental que como sociedad y autoridades fortalezcan las políticas de prevención, atención y acompañamiento, garantizando el derecho a la salud y la vida tanto para las mujeres como para sus hijas e hijos por nacer.

Por su parte, Antonio Chaurand Sorzano, quien fue nombrado por los asistentes pro-vida como "Dr Muerte", manifestó que como sociedad tienen la responsabilidad de encontrar una postura que responda con los pies en la tierra a la realidad, y que tanto el gobierno como la sociedad deberían ofrecer a la persona gestante información, orientación y apoyo; posibilidades de una gestación saludable y vigilada; un nacimiento correctamente atendido; y revisar y actualizar los sistemas de adopción que faciliten el procedimiento a los miles de niños que lo necesitan.