Un caso de presunto abuso sexual cometido por un sacerdote contra un menor de edad vuelve a colocar bajo cuestionamiento la actuación de la Iglesia católica y la respuesta de las autoridades ante denuncias que permanecieron durante años sin una resolución judicial definitiva.
Constantino Molina Hernández, conocido como el "Padre Tino", enfrenta un proceso penal por acusaciones de violación, abuso sexual y corrupción de menores, relacionadas con hechos denunciados en San José Iturbide.
De acuerdo con el testimonio difundido públicamente por una persona identificada como Jorge, los presuntos abusos ocurrieron entre 2010 y 2014, cuando tenía 11 años y el sacerdote aproximadamente 43.
Víctima denuncia cuatro años de abusos y señala a autoridades eclesiásticas
En su testimonio, el denunciante aseguró que durante su infancia depositó su confianza en el sacerdote debido a su posición dentro de la comunidad religiosa.
"Yo era un niño, era monaguillo y confiaba en la Iglesia. Me enseñaron que los sacerdotes eran hombres de Dios, personas a quienes debíamos respetar", expresó.

Según su relato, fue hasta marzo de 2025 cuando decidió presentar una denuncia penal por los hechos que asegura haber sufrido.
También señaló que acudió ante Víctor Aguilar, entonces obispo de Celaya, a quien atribuyó haber minimizado lo ocurrido al calificarlo como una relación amorosa.
Esta afirmación corresponde al testimonio del denunciante y requiere conocer la postura del religioso señalado.
Iglesia habría expulsado al sacerdote desde 2017
Entre los antecedentes difundidos del caso se encuentra un procedimiento eclesiástico que habría concluido en 2017 con la expulsión del sacerdote, después de que la Iglesia investigara señalamientos de abuso contra menores.
Sin embargo, el proceso penal avanzó años después, hasta que en noviembre de 2025 se informó de la vinculación a proceso de Constantino Molina Hernández.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino la continuación de una investigación judicial por los delitos que se le atribuyen.

Enfrentará juicio en libertad hasta mayo de 2027
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que el acusado enfrenta cargos por violación espuria calificada, violación calificada, abusos sexuales y corrupción de menores.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el exsacerdote continuará su proceso en libertad, con medidas cautelares que incluyen presentarse periódicamente ante la autoridad, no salir del país sin autorización judicial y mantenerse alejado del domicilio de la víctima.
El juicio oral está previsto para mayo de 2027, casi 17 años después del inicio de los hechos denunciados.
Advierten que podría haber más víctimas
El denunciante aseguró tener conocimiento de al menos otras nueve personas que presuntamente fueron víctimas de abusos sexuales por parte del mismo exsacerdote, pero que no han acudido ante las autoridades por temor a represalias, exposición pública o revictimización.

De acuerdo con las cifras de la Fiscalía de Guanajuato difundidas en los materiales del caso, entre 2014 y septiembre de 2025 se registraron 26 denuncias por delitos sexuales contra integrantes de distintas iglesias: 22 relacionadas con la Iglesia católica y cuatro con otras congregaciones cristianas. En ese periodo se reportaron cinco sentencias condenatorias.
Estas cifras corresponden a denuncias contra integrantes de instituciones religiosas en general, no exclusivamente al caso del "Padre Tino".
El caso también abre cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades eclesiásticas, que conocieron las acusaciones años antes de que avanzara el proceso penal.
Mientras la justicia determina la responsabilidad del acusado, el denunciante exige que se investiguen los señalamientos, se proteja a las posibles víctimas y se esclarezca si existieron omisiones dentro de la Iglesia.