Panorama del desplazamiento forzado en México

Por: Emmanuel Alejandro Zapata López
León
Fecha: 07-10-2026

El desplazamiento forzado dejó de ser un fenómeno invisible en Guanajuato. La inseguridad y la violencia se han convertido en factores que obligan a familias enteras a cambiar de residencia para ponerse a salvo.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, entre octubre de 2020 y octubre de 2025, en alrededor de 25 mil 900 hogares de Guanajuato al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia debido a la inseguridad delictiva o la violencia. Estos hogares están conformados por aproximadamente 87 mil 100 personas.

La cifra no significa que las 87 mil personas hayan abandonado su vivienda. El indicador contabiliza a los integrantes de los hogares afectados: por ejemplo, si una familia de cuatro personas tiene un integrante que tuvo que irse por motivos de seguridad, se registra un hogar afectado y cuatro personas que forman parte de ese hogar.

A nivel municipal, León concentra el mayor número de hogares afectados, con 12 mil 108; le siguen Irapuato, con 2 mil 347; Celaya, con mil 876, y Salamanca, con mil 589. En conjunto, estos cuatro municipios concentran cerca del 69% de los hogares afectados por este fenómeno en Guanajuato.


Amenazas y extorsión, entre las causas

Amenazas, extorsiones, desapariciones, homicidios y enfrentamientos entre grupos criminales pueden convertir el abandono del hogar en la única alternativa para algunas familias. Organizaciones civiles también han documentado casos de personas que se desplazan después de recibir amenazas o ante el riesgo de ser víctimas de reclutamiento.

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha advertido que el fenómeno ya se observaba desde años atrás, particularmente entre familias de personas desaparecidas que enfrentaron amenazas o hechos de violencia relacionados con sus labores de búsqueda.

El desplazamiento tampoco siempre termina en otro municipio o estado; algunas familias buscan protección fuera del país, lo que dificulta todavía más dimensionar el problema.

Aunque Guanajuato cuenta con mecanismos de atención para víctimas, organizaciones civiles han planteado la necesidad de una política específica que permita identificar con mayor precisión a las personas desplazadas, conocer sus necesidades y garantizar medidas de protección.

El reto no sólo consiste en atender a quienes ya huyeron, sino también en prevenir nuevos desplazamientos y, cuando existan condiciones, garantizar un retorno seguro, digno y con garantías de no repetición.




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