Prevención del delito ¿un modelo agotado?

La búsqueda de la paz en América Latina continúa siendo uno de los mayores desafíos para los gobiernos y la sociedad. Sin embargo, las estrategias predominantes siguen centradas en el castigo, el endurecimiento de las leyes penales y el aumento de las penas privativas de libertad, dejando en segundo plano las políticas de prevención del delito.

De acuerdo con especialistas, esta visión punitiva no ha logrado reducir los índices de violencia en la región y en ciudades como León, Celaya, Irapuato y entidades violentas del país.

Por el contrario, la sobrepoblación carcelaria, la falta de programas de rehabilitación y las escasas oportunidades educativas o laborales para ex internos han perpetuado el ciclo de criminalidad.

Políticas basadas en la prevención, la educación, la salud y la reinserción social son más eficaces para atacar las causas estructurales de la violencia y de prevención del delito.

La reglamentación de los centros de rehabilitación de las drogas es uno de los temas que urgen regularizar para la estrategia de prevención del delito.

Brindar acceso a servicios de salud mental, oportunidades de estudio y empleo a quienes han infringido la ley contribuye de manera directa a su integración y disminuye la reincidencia.

los gobiernos deben equilibrar la aplicación del derecho penal con estrategias sociales integrales para prevenir el delito, mientras que los ciudadanos participan en los procesos de valores, formación y proyectos de vida.

Mientras algunos países comienzan a explorar modelos de justicia alternativa y programas de reinserción, la mayoría de los sistemas de prevención del delito junto con los sistemas judiciales latinoamericanos siguen anclados en el paradigma del castigo.

El reto, advierten expertos, está en transformar la visión punitiva en una política pública basada en la dignidad humana, la educación y la reconstrucción del tejido social.