Según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, ocurre una desaparición forzada cuando:
"se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley."
En líneas generales, las desapariciones forzadas tienen como detonador algún interés de origen político y que durante su actuación violentan la ley, sobre todo los derechos de la víctima.