Revelan conflicto de interés entre colectivo “Las Libres” y Gobierno de Guanajuato

Organizaciones de la sociedad civil piden aclarar los contratos de trabajo otorgados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a la titular del centro feminista Las Libres, Verónica Cruz Sánchez.

En un comunicado de prensa organizaciones civiles mostraron contratos de prestación de servicios firmados desde el año 2017 a la fecha, en donde se revelan las funciones de "trabajadora social".

Las asociaciones inconformes reprocharon esta acción, reclamando que Verónica Cruz es una activista a la cual se le "reconoce por su activismo en favor de la despenalización del aborto".

De acuerdo con documentos oficiales del gobierno del estado, Sánchez Cruz ha recibido del gobierno de Guanajuato más de 400 mil pesos por concepto de honorarios, además del goce de vacaciones, aguinaldo y prestaciones laborales.

"Verónica Sánchez aparece como especialista con funciones de trabajadora social, situación que ha generado inconformidad debido a la naturaleza de su activismo y la misión institucional del DIF, enfocado en la protección de las familias. Sectores de la sociedad del estado señalan un claro conflicto de intereses", detalla el comunicado.

Asimismo, las organizaciones civiles solicitaron a la gobernadora Libia García Muñoz Ledo aclarar la participación que tiene Sánchez Cruz en el programa de educación sexual "En Buen Plan".

"Por ningún motivo se otorgue protagonismo a personas cuya trayectoria pública está ligada a la promoción del aborto en México y en el extranjero", cita el documento.

Ante esto, las organizaciones civiles analizan presentar una demanda en contra de Sánchez Cruz por presuntas violaciones contractuales, ya que en los convenios con el DIF se estipulan cláusulas que no respetó la activista como la de confidencialidad respecto al manejo de información institucional.