Seis mujeres sobrevivieron a ataques con sustancias corrosivas en seis municipios guanajuatenses
León
Fecha: 23-10-2026
Entre 2020 y 2026, la Secretaría de las Mujeres de Guanajuato ha brindado atención a seis sobrevivientes de ataques con sustancias corrosivas, entre ellas dos adolescentes menores de edad, agresiones que pueden dejar lesiones permanentes y comprometer la vida de las víctimas.
La violencia contra las mujeres en Guanajuato también se manifiesta mediante ataques con sustancias corrosivas, una de las formas más graves de agresión por las consecuencias físicas, psicológicas y económicas que pueden acompañar a las sobrevivientes durante el resto de sus vidas.
La titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado, Itzel Balderas Hernández, informó que durante los últimos seis años la dependencia ha atendido a seis mujeres víctimas de este tipo de violencia, originarias de los municipios de Celaya, León, Romita, San Luis de la Paz, Silao y Xichú.
Los casos corresponden a mujeres adultas de entre 30 y 64 años, así como a dos adolescentes de entre 12 y 17 años, quienes han requerido acompañamiento institucional para enfrentar las consecuencias de las agresiones.
Ataques pueden destruir proyectos de vida
Balderas Hernández advirtió que las agresiones con sustancias corrosivas no solamente provocan lesiones de gravedad, sino que pueden transformar radicalmente las condiciones de vida de las víctimas, al afectar su salud, estabilidad emocional y posibilidades de desarrollo.
"Entender que cuando las mujeres somos agredidas con este tipo de sustancias pues se pone en riesgo nuestra vida e integridad, terminas sin un proyecto de vida; es de las peores formas en las que te pueden dañar, entonces por supuesto que se tendría que hacer una revisión de tipo penal y sobre todo, siempre poner en consideración que podemos perder la vida", señaló.
Atención médica, protección y apoyo económico
La funcionaria explicó que la Secretaría de las Mujeres cuenta con un protocolo especializado para atender a las sobrevivientes, mediante el cual se busca garantizar atención médica, acompañamiento psicológico y asesoría jurídica para presentar denuncias y solicitar medidas de protección.
El esquema también contempla refugio temporal cuando las condiciones de seguridad lo requieren, seguimiento emocional y apoyos económicos para enfrentar las consecuencias de las agresiones.
La titular de la dependencia sostuvo que la intervención institucional no debe limitarse a la atención de emergencia, sino garantizar el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación integral del daño.
Finalmente, destacó la necesidad de revisar el tratamiento penal de estas agresiones, considerando que pueden poner en peligro la vida de las mujeres y ocasionar consecuencias permanentes.
El objetivo, señaló, es que las sobrevivientes cuenten con condiciones para recuperar su autonomía y reconstruir sus proyectos de vida.
