Sheinbaum descarta huachicol en Guanajuato; los 59 millones de litros eran legales
León
Fecha: 21-10-2026
Durante la mañanera de este miércoles, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, descarto que el hidrocarburo almacenado en las instalaciones de Gas Natural del Noroeste fuera producto de huachicol.
El caso había sido presentado inicialmente como un importante golpe contra el presunto tráfico ilegal de hidrocarburos, operativo realizado el 17 de septiembre en la comunidad de La Fragua, en San José Iturbide.
El volumen asegurado fue de 59 millones de litro, colocando el caso entre los decomisos de combustible de mayor magnitud reportados en el país.
Durante su conferencia, la mandataria informó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) permitió establecer que la empresa contaba con los permisos correspondientes para operar y almacenar combustible. Las irregularidades detectadas, explicó, estaban relacionadas con unidades de transporte que ingresaban al complejo y que posteriormente fueron corregidas.
Sheinbaum señaló que Grupo SIMSA, vinculado con la operación de la terminal, entregó la documentación requerida para acreditar la legalidad de sus actividades.
Desde que se destapo la investigación, grupo SIMSA, sostuvo que la terminal se dedica al almacenamiento de petrolíferos propiedad de empresas clientes que cuentan con permisos y documentación para acreditar su procedencia, rechazando que el combustible almacenado fuera ilegal.
El caso cambia de rumbo
La controversia también alcanzó a la representación de la FGR en Guanajuato, después de que se reportara la salida de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la institución, en medio de cuestionamientos sobre el procedimiento.
Con las declaraciones de Sheinbaum, el caso cambia de rumbo: el combustible que inicialmente fue señalado como presunto huachicol quedó deslindado de esa acusación por la mandataria, mientras las autoridades aun deben precisar públicamente el alcance de las irregularidades detectadas y las responsabilidades correspondientes.
El episodio deja bajo escrutinio la actuación de las autoridades que anunciaron el aseguramiento y la forma en que se verificó la información antes de presentar el operativo como un golpe al mercado ilegal de hidrocarburos.
