Trabajadores del Poder Judicial convocan a paro nacional; León también se suma
León
Fecha: 06-11-2026
La inconformidad entre trabajadores del Poder Judicial de la Federación escaló a una convocatoria de paro nacional, luego de que personal de distintos órganos jurisdiccionales manifestara su rechazo a las nuevas disposiciones para evaluar su desempeño laboral.
El movimiento, que comenzó a organizarse durante el jueves 5 de noviembre, contempla la suspensión de actividades en distintas sedes judiciales, incluida la del municipio de León, Guanajuato, que también se suma a la convocatoria.
Los inconformes consideran que las nuevas reglas de evaluación generan incertidumbre sobre sus condiciones laborales y exigen que se revisen antes de su aplicación.
Rechazan nuevas reglas de evaluación
El conflicto surgió tras la expedición del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial, mediante el cual se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con un documento fechado el 5 de noviembre de 2026, trabajadores adscritos al XVI Circuito, con sede en Guanajuato capital, celebraron una reunión urgente a las 12:30 horas para analizar las disposiciones.
Durante el encuentro expresaron su preocupación y desacuerdo con las nuevas medidas, por lo que determinaron realizar una manifestación pacífica y promover el cierre de instalaciones judiciales.
La inconformidad también quedó reflejada en una protesta frente a un edificio del Poder Judicial de la Federación, donde trabajadores exigieron respeto a sus derechos laborales y cuestionaron el proceso de evaluación.
León se incorpora a la movilización judicial
La convocatoria no se limita a Guanajuato capital. Trabajadores de la sede federal del Poder Judicial en León también se incorporan al movimiento, ampliando el alcance de la protesta dentro del estado.
En Guanajuato capital, los avisos difundidos entre el personal contemplaron el cierre de los edificios CJPF, Maya, Sede Guanajuato y Emiliano Zapata, a partir de la medianoche del 5 de noviembre.
También circuló una convocatoria correspondiente al edificio sede de San Lázaro, como parte de las acciones de protesta.
Los participantes fueron llamados a acudir vestidos de negro, como símbolo de unidad y rechazo a las disposiciones laborales.
Sin embargo, hasta el momento, los documentos difundidos no permiten establecer cuántos trabajadores participarán ni el número total de órganos jurisdiccionales que suspenderán actividades en el país.
Solicitan suspender plazos judiciales para evitar afectaciones
Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que tendría la suspensión de actividades sobre las personas que mantienen procedimientos legales en tribunales federales.
En un oficio dirigido a magistrados, jueces y responsables administrativos del XVI Circuito, José Luis Rangel Jantes, secretario general de la Sección VIII del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, solicitó suspender las actividades y evitar que transcurran los términos judiciales durante la jornada de protesta.
La petición busca impedir que las personas involucradas en procesos legales pierdan oportunidades procesales por la imposibilidad de celebrar audiencias, presentar promociones o cumplir plazos establecidos.
El documento también plantea mantener las guardias necesarias para atender asuntos urgentes.
No obstante, la solicitud de suspensión de términos no equivale a una autorización formal, por lo que su aplicación dependerá de las determinaciones que emitan las autoridades judiciales competentes.
Trabajadores aseguran que movimiento surge desde la base laboral
Aunque el oficio fue firmado por un representante sindical, los participantes sostienen que la inconformidad no responde exclusivamente a una organización gremial, sino a una decisión de los propios trabajadores.
En el documento se identifica al movimiento con la expresión:
"Esto no es ningún sindicato, es la base trabajadora, quien alza la voz".
La movilización ocurre en un contexto de cambios institucionales dentro del Poder Judicial Federal, donde las nuevas disposiciones administrativas han generado cuestionamientos sobre su aplicación y las condiciones de trabajo del personal.
Por ahora, los trabajadores mantienen su convocatoria nacional y buscan que las autoridades revisen el esquema de evaluación.
El conflicto abre un nuevo frente de tensión dentro del sistema judicial, mientras permanece pendiente conocer la respuesta del Órgano de Administración Judicial y las medidas que se adoptarán para garantizar la continuidad de los servicios de justicia.
