Transportistas denuncian falta de coordinación para combatir bandas criminales en carreteras guanajuatenses

El robo al transporte de carga continúa golpeando a los operadores que circulan por las carreteras de Guanajuato, donde la delincuencia organizada aprovecha las fallas de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para cometer asaltos, apoderarse de mercancías y poner en riesgo la vida de los conductores.

Juan Fernando Moreno Moreno, coordinador estatal de la Organización Integradora de Derechos Convencionales -INDECO- en Guanajuato, denunció que los municipios no están asumiendo su responsabilidad para combatir las estructuras criminales dedicadas a estos delitos.

De acuerdo con el representante transportista, Guanajuato ocupa el cuarto lugar nacional en robo al autotransporte de carga, con un promedio de entre 30 y 40 delitos mensuales, cifras proporcionadas por la organización que requieren contrastarse con los registros oficiales.

El problema, advirtió, no termina con recuperar un camión robado, porque detrás de cada atraco existe una cadena logística que permite trasladar, almacenar y comercializar la mercancía.

Señaló directamente a municipios como Villagrán, Cortazar y los Apaseos, donde, aseguró, las autoridades locales dejan prácticamente toda la responsabilidad de combatir estos delitos a las corporaciones federales.

"Se atienden estos incidentes como meros hechos de carretera sin analizar de manera profunda esta estructura criminal", cuestionó.

Moreno Moreno reconoció el trabajo de la Policía Estatal de Caminos y de la Guardia Nacional; sin embargo, sostuvo que los esfuerzos resultan insuficientes mientras persistan las fallas de coordinación institucional.

También admitió que se han conseguido detenciones y desarticulado algunas bandas, pero señaló que la falta de denuncias por parte de las víctimas dificulta que los presuntos responsables permanezcan sujetos a los procesos judiciales.

A los robos se suma otro golpe económico para los transportistas: recuperar sus propias unidades.

Denunció que los servicios de grúas y pensiones pueden generar cobros superiores a los 200 mil pesos por arrastre, además de los gastos acumulados durante el resguardo de los vehículos.

Las aseguradoras representan otra carga financiera. Explicó que una póliza para tractocamión puede alcanzar los 110 mil pesos anuales y aumentar todavía más cuando la unidad ha sido víctima de un delito.

Para INDECO, combatir los asaltos exige investigar no solamente a quienes interceptan los camiones, sino también las bodegas, las redes de distribución y el destino final de las mercancías robadas.

El reclamo del sector es que las autoridades pasen de recuperar unidades y atender denuncias aisladas a desarticular las estructuras que mantienen bajo amenaza al transporte de carga en Guanajuato.