En Guanajuato, miles de familias han tenido que abandonar sus hogares ante la inseguridad, las amenazas y la presencia de grupos criminales, mientras los mecanismos gubernamentales de protección resultan insuficientes para garantizarles condiciones dignas de vida y un regreso seguro a sus comunidades.
Fabrizio Lorusso, académico de la Universidad Iberoamericana campus León, advirtió que el desplazamiento forzado representa una grave violación a los derechos humanos que permanece parcialmente invisible, debido a la falta de registros precisos y de políticas públicas que permitan conocer la verdadera dimensión del problema.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 25 mil 900 hogares de Guanajuato registraron que al menos uno de sus integrantes cambió de residencia por inseguridad o violencia entre octubre de 2020 y octubre de 2025.
Estos hogares reúnen alrededor de 87 mil 100 habitantes, aunque esta cifra no significa que todos hayan sido desplazados, sino que pertenecen a viviendas donde al menos una persona tuvo que cambiar su lugar de residencia por motivos de seguridad.

Familias abandonan comunidades ante amenazas de grupos criminales
El investigador explicó que en Guanajuato el desplazamiento forzado no necesariamente ocurre mediante éxodos masivos de comunidades enteras, sino a través de un fenómeno silencioso y constante que describió como un desplazamiento gota a gota.
Se trata de familias que abandonan sus viviendas, propiedades, actividades económicas y redes comunitarias después de recibir amenazas o quedar atrapadas en territorios donde operan organizaciones criminales.
Lorusso señaló que existen regiones donde grupos armados mantienen una presencia que limita la seguridad de los habitantes y donde, según su análisis, pueden presentarse omisiones e incluso posibles vínculos de complicidad con autoridades locales.
"Hay territorios del estado y del país que son dominados por grupos armados organizados, grupos delincuenciales, a veces en colusión con autoridades locales", sostuvo.
Esta situación obliga a personas amenazadas a buscar refugio con familiares, trasladarse a otras entidades o incluso abandonar el país, generalmente sin recursos suficientes para reconstruir sus vidas.

Mecanismos de protección no garantizan el regreso seguro
Uno de los principales problemas identificados por el académico es la falta de continuidad en la atención gubernamental.
Explicó que los mecanismos federales y estatales de protección, así como las fiscalías y comisiones de atención a víctimas, pueden intervenir durante una emergencia para resguardar a personas amenazadas, pero enfrentan limitaciones para garantizar su estabilidad económica, vivienda, empleo y reintegración social.
"Han fallado bastante en todo lo que es la prevención y la garantía de condiciones seguras de vida en las comunidades de origen, porque luego ahí la situación no cambia, los grupos criminales siguen operando", afirmó.
Entre los sectores especialmente expuestos mencionó a periodistas, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de colectivos de búsqueda, quienes en algunos casos han tenido que abandonar Guanajuato durante periodos prolongados o de manera permanente.
Sin embargo, advirtió que la problemática también alcanza a miles de familias sin presencia pública, cuyos desplazamientos difícilmente llegan a las estadísticas oficiales.
Desplazamiento destruye vínculos familiares y comunitarios
El investigador destacó que las consecuencias van más allá de perder una vivienda.
Las familias desplazadas también enfrentan la ruptura de sus vínculos sociales, el abandono de sus actividades productivas, la separación de familiares y la pérdida de las costumbres que formaban parte de su identidad comunitaria.
En algunos casos, quienes huyen de la violencia terminan viviendo en condiciones de mayor precariedad económica y social, sin garantías de recuperar su patrimonio.
Lorusso consideró que el desplazamiento tiene efectos que, en determinados aspectos, pueden compararse con los provocados por la desaparición de personas, debido al impacto que genera tanto en las familias como en las comunidades de origen.
Migración por necesidad también puede esconder desplazamiento forzado
El académico señaló que Guanajuato históricamente ha sido una entidad expulsora de población migrante, pero advirtió que no todas las personas abandonan sus comunidades exclusivamente por motivos económicos.

Parte de estos movimientos migratorios, explicó, también podría estar relacionada con amenazas, violencia criminal y ausencia de condiciones de seguridad.
La combinación de pobreza, inseguridad y falta de protección institucional dificulta identificar cuántas personas realmente se han visto obligadas a salir de sus lugares de origen.
Lorusso reconoció que actualmente no dispone de una cifra verificable sobre el número de comunidades rurales de Guanajuato afectadas por este fenómeno, por lo que consideró necesario fortalecer los registros oficiales.
El académico insistió en que la respuesta gubernamental no debe limitarse a sacar de una situación de peligro a las personas amenazadas, sino garantizar condiciones dignas durante su desplazamiento y recuperar la seguridad de sus comunidades para que puedan regresar sin poner nuevamente en riesgo sus vidas.
La falta de información sobre las familias que permanecen desplazadas, las que lograron regresar y aquellas que perdieron definitivamente sus hogares constituye uno de los principales pendientes para dimensionar el impacto de la violencia en Guanajuato.