Violencia expulsa de sus hogares a miles de familias en Guanajuato

Ante las cifras del INEGI, que reportan alrededor de 25 mil 900 hogares guanajuatenses en los que al menos uno de sus integrantes tuvo que cambiar de residencia de manera obligada debido a la violencia o inseguridad entre 2020 y 2025, el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba reconoció la gravedad del problema y señaló que las familias desplazadas deben recibir atención sin importar dónde se encuentren.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025, estos hogares están integrados por aproximadamente 87 mil 100 personas, lo que permite dimensionar el impacto que la inseguridad ha tenido no solamente en las víctimas directas de algún delito, sino también en sus familias. Los datos corresponden al periodo comprendido entre octubre de 2020 y octubre de 2025.

Ramírez Barba sostuvo que el Gobierno Federal debe asumir su responsabilidad frente a la delincuencia y garantizar recursos suficientes para estados y municipios, ya que, en muchos casos, los hogares terminan abandonando sus comunidades ante amenazas, violencia o la presencia de grupos delictivos.

El legislador planteó que las víctimas de desplazamiento deben contar con servicios de salud, vivienda digna, seguridad y refugio temporal, mientras las autoridades evalúan las condiciones necesarias para determinar si es posible un regreso seguro a sus comunidades de origen.

Una problemática social

El desplazamiento también representa una problemática social, debido a que abandonar el lugar de residencia puede significar perder empleo, patrimonio, redes familiares y acceso a servicios básicos. Para las familias que se ven obligadas a salir, la atención no debería limitarse al momento en que abandonan sus comunidades, sino extenderse durante el proceso de reubicación y eventual retorno.

El legislador reconoció, además, no tener información precisa sobre la existencia de un nuevo marco jurídico nacional específico para atender el desplazamiento forzado interno. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas para crear una legislación general en la materia. En septiembre de 2025 fue presentada una propuesta para expedir una Ley General para la Prevención, Atención y Reparación Integral de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno, misma que fue turnada a comisiones.

El nuevo dato estadístico del INEGI coloca el desplazamiento por violencia como un problema que requiere políticas públicas específicas, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y mecanismos de protección para las familias que han tenido que abandonar sus hogares.