Víctimas y familias buscadoras: Millones de pesos ante la crisis de desapariciones

En Guanajuato, la atención a víctimas y familias buscadoras representa una de las áreas que requiere mayores recursos y acompañamiento institucional, por ello en lo que va de 2026, el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral comenzó con 100 millones de pesos, pero mediante ampliaciones presupuestales ha ejercido 246.5 millones de pesos. (Fuente Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral)

De acuerdo con el Gobierno estatal, estos recursos se han traducido en 74 mil 104 medidas de ayuda, asistencia y reparación, entre ellas apoyos alimentarios, transporte, viáticos, atención médica, jurídica, funeraria y de vivienda. 

Entre los datos más relevantes se encuentran 62 mil 725 apoyos alimentarios, 5 mil 380 apoyos de transporte para búsquedas y 4 mil 548 viáticos para diligencias, así como el traslado a las familias desde sus municipios hasta los puntos donde se realizan búsquedas de campo, además de proporcionar alimentación y acompañamiento. (Fuente Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas)

Paralelamente, se han mantenido acciones en territorio ya que durante 2026 se han realizado visitas a 76 centros de rehabilitación para buscar a personas desaparecidas, mientras que Guanajuato cuenta con tres grupos de búsqueda en campo y un Registro Estatal de Contextos de Hallazgo de consulta pública. (Fuente Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas)

Los recursos económicos forman parte de una respuesta más amplia ante la desaparición de personas, pero también plantean preguntas sobre su alcance y resultados ya que, en junio el Gobierno estatal reportó que la Fiscalía mantenía una efectividad de 87% en la localización de personas, aunque este indicador corresponde a las localizaciones reportadas por la institución y no equivale necesariamente a la resolución de todos los casos de desaparición. (Fuente Comisión Estatal de Búsqueda)

 Para las familias buscadoras, el desafío implica no solamente contar con apoyos para trasladarse y participar en las jornadas, sino acceder a información, acompañamiento jurídico y psicológico, condiciones de seguridad y avances concretos en las investigaciones. 

Por ello, el debate sobre los 246.5 millones de pesos ejercidos en 2026 también pasa por conocer cuántas personas han sido beneficiadas, qué necesidades permanecen pendientes y cómo se evalúa que estos recursos lleguen de manera oportuna a las víctimas y sus familias.