El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará este martes a Florida para inaugurar el centro de detención para migrantes "Alligator Alcatraz", una instalación que ya ha provocado protestas por su ubicación en una zona ecológica sensible.
El nuevo complejo se construyó en menos de dos semanas en medio de los humedales de los Everglades, al suroeste de Miami, y ha sido duramente criticado por ambientalistas y autoridades locales.
Con capacidad para albergar hasta 3,000 personas, el centro se compone de decenas de carpas instaladas sobre la pista de un antiguo aeropuerto abandonado. La obra fue impulsada tras la sugerencia del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien propuso el pasado 18 de junio utilizar esa zona como sitio de reclusión migratoria. La rapidez en su ejecución ha sido motivo de preocupación, sobre todo por la omisión de estudios ambientales previos.
El gobernador Ron DeSantis defendió el proyecto y confirmó la visita presidencial durante una rueda de prensa este lunes. "Cuando el presidente venga mañana será capaz de ver (...) que cuando llevas a gente allí, no hay forma de que escapen a ningún lado", declaró.
El nombre del recinto hace alusión a la prisión de Alcatraz, reabierta recientemente por orden de Trump, y a los caimanes que habitan en la región, que según las autoridades funcionarán como una "barrera natural" para evitar fugas.
El mantenimiento del centro requerirá una inversión de aproximadamente 450 millones de dólares anuales, según informó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, al diario The New York Times. Esta cifra ha generado nuevas dudas sobre la eficiencia y sostenibilidad del proyecto, en especial por su ubicación en un terreno de alto valor ambiental.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió detener la operación tras revelar que el condado solo recibirá 20 millones de dólares por la venta del terreno, cuyo valor real estimado es de al menos 190 millones.
A su vez, organizaciones ambientalistas han denunciado que la construcción violó leyes federales de protección ambiental al llevarse a cabo en los Everglades, una de las reservas naturales más importantes del país por su biodiversidad.
Este nuevo centro es parte de una serie de acciones conjuntas entre Trump y el gobierno de Florida para reforzar la política migratoria. Pese a que Florida es uno de los estados con mayor población migrante, ha liderado iniciativas cada vez más restrictivas, convirtiéndose en un modelo para otras regiones del país con posturas similares.
En línea con esta política, el estado planea la construcción de otro centro de detención en un campo de la Guardia Nacional al suroeste de Jacksonville, en el norte de Florida. Las medidas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por el actual gobierno, que busca contener el flujo migratorio con infraestructura más severa, a pesar del creciente rechazo por parte de sectores sociales, políticos y ambientales.