El colectivo Búsquedas San José del Cabo, encabezado por Rosalba Ibarra, se manifestó la noche del miércoles 8 de octubre frente al centro de rehabilitación CRAADYR "Albergue María Loreto León Beltrán", ubicado en Guaymitas, San José del Cabo, para exigir la intervención de las autoridades y una revisión del inmueble ante señalamientos de presuntas personas retenidas contra su voluntad.
Las integrantes del colectivo permanecieron durante varias horas sobre la vía pública con pancartas y fichas de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio. También encendieron una fogata como parte de una representación para visibilizar la preocupación por posibles casos de privación ilegal de la libertad dentro del establecimiento.
A través de transmisiones en redes sociales, Rosalba Ibarra solicitó el apoyo de la ciudadanía y reclamó la presencia de autoridades competentes para atender las denuncias relacionadas con el centro de rehabilitación.
"Exigimos que se nos de acceso a este lugar o que venga un operativo con autoridades correspondientes para hacer las revisiones necesarias para saber si no hay más personas secuestradas porque estoy segura de que si.. aquí estamos y aquí nos vamos a quedar hasta que vengan las autoridades. ¿donde estará Christian Agúndez? te reto a que llegues"

De acuerdo con lo expuesto durante la manifestación, al lugar acudieron elementos de seguridad. No obstante, les indicaron que su presencia obedecía al reporte relacionado con la fogata encendida en la vía pública y no directamente a las exigencias de revisión del centro.
Exigen revisión del centro de rehabilitación en Guaymitas
La manifestación ocurrió después de que Rosalba Ibarra denunciara públicamente presuntos abusos, amenazas e irregularidades relacionadas con los procedimientos de ingreso y permanencia de personas en el establecimiento. Señalaron que algunas personas habrían sido ingresadas sin que sus familiares fueran informados o participaran en el procedimiento.
Ibarra también señaló que el colectivo ha recibido mensajes anónimos con acusaciones de presuntos abusos, incluidos señalamientos de violencia sexual y amenazas para impedir que las posibles víctimas denuncien.
La exigencia central de las familias es que las autoridades revisen el establecimiento, verifiquen la situación de las personas internadas y determinen si existen conductas constitutivas de delito.