Prestadores de servicios naúticos cuestionan manejo de recursos; no hubo apoyo estatal

La prestadora de servicios Jacqueline Liceaga Vega lamentó que gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, no impulsó que la Marina de Cabo San Lucas quedará bajo administración estatal, una alternativa que, consideró, habría permitido mantener los recursos generados por el recinto portuario en la entidad y destinarlos a necesidades locales.

Sus declaraciones se producen en medio de la inconformidad de pescadores y prestadores de servicios por el incremento de tarifas determinado por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), cuyos cobros entrarán en vigor el 28 de octubre.

Liceaga señaló que, aunque existe consenso sobre la necesidad de invertir en el mantenimiento y la modernización de las instalaciones, persisten dudas sobre la metodología utilizada para establecer los nuevos cobros, la aplicación de los recursos y los mecanismos mediante los cuales estos podrían regresar al puerto.

Resaltó que, aunque la Administración Portuaria Integral mostró internet en obtener la concesión el mandatario estatal no escuchó la petición de prestadores de servicio.

"Gente de su mismo equipo mostró interés desde el día uno, si se vence el contrato es el momento jurídico de decir, yo quiero, el gobernador primero dijo que sí y luego que el presidente dijo que no? la verdad es que no luchó por esta api para que quedara en el estado, hubiera sido un gran beneficio para el estado porque somos el corazón y el dinero se hubiera quedado aquí"

También planteó que existen mecanismos de transparencia, como consejos y esquemas de supervisión ciudadana, que hubieran permitido vigilar el destino de los ingresos y garantizar que una parte de los recursos se traduzca en mejoras para las instalaciones portuarias.

Cuestionan tarifas, transparencia e inversión en los muelles

Sobre los nuevos cobros establecidos por Asipona, Liceaga explicó que los sectores involucrados comenzaron a preparar inconformidades fundamentadas en la Ley de Puertos. Entre sus principales cuestionamientos mencionó la falta de claridad sobre el estudio de mercado que sustentaría las tarifas.

Aclaró que los usuarios reconocen la necesidad de que el puerto cuente con recursos para atender sus necesidades, pero consideran que los incrementos deben responder a las condiciones económicas de cada sector y acompañarse de información transparente sobre su aplicación.

"Todos estamos a favor de que el puerto ocupa dinero, tienen que ingresar ellos también para poder tener ese dinero, pero no está claro y están un poco elevadas las tarifas para ciertos sectores", expresó.

Según Liceaga, los muelles acumulan más de 25 años de uso y, aunque reciben mantenimiento periódico, no se ha realizado una remodelación integral que responda a las necesidades actuales del recinto.

Finalmente, cuestionó la falta de información detallada sobre el proyecto de modernización previsto hacia 2038 y sobre la manera en que los ingresos adicionales se traducirían en obras. Consideró que los usuarios necesitan conocer los planes de inversión, los plazos y los mecanismos de rendición de cuentas antes de asumir mayores costos por utilizar las instalaciones.