Resuelven juicios de amparo y vinculan a ex funcionarios estatales
Dos exservidores públicos del Gobierno de Jalisco fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos, en casos distintos que derivaron en perjuicios millonarios al erario.
Se trata de Antonio "C", exsecretario de Salud, y Fidel Armando "N", exdirector general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), quienes enfrentan procesos judiciales tras la resolución de amparos promovidos por sus equipos legales.
En audiencia celebrada ante el juez noveno de control y oralidad, José Antonio Nava Pérez, se ratificó la vinculación a proceso de Antonio "N" por el delito de peculado. La investigación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, lo acusa de utilizar recursos públicos del ejercicio fiscal 2016 para pagar facturas rezagadas del año 2013, cuando estaba al frente del extinto Seguro Popular en la entidad.
El presunto desvío fue denunciado por la Contraloría del Estado y confirmado por un Tribunal Colegiado, que desechó el amparo presentado por la defensa. Como medida cautelar, el exfuncionario permanecerá en prisión preventiva justificada durante seis meses. Actualmente, Antonio "N" ya se encuentra en reclusión cumpliendo una sentencia por otro caso también vinculado a corrupción.
Por su parte, en una audiencia paralela ante el juez décimo octavo de control y oralidad, Sergio Salvador Peña Sánchez, se dictó auto de vinculación contra Fidel Armando "N", exdirector del IPEJAL, acusado de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones. La Fiscalía señala que realizó inversiones millonarias con fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SEDAR), sin respetar las políticas institucionales, lo que generó un presunto daño al patrimonio del instituto.
Aunque ya había sido vinculado hace tres años, un amparo revocó dicha resolución. Sin embargo, tras una nueva revisión, el juzgado confirmó el proceso penal en su contra. El exfuncionario deberá permanecer en resguardo domiciliario durante un año, con permiso para salir únicamente por razones médicas.
Ambos casos forman parte de los procesos impulsados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, como parte de un esfuerzo por sancionar irregularidades cometidas durante anteriores administraciones estatales.
