La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Erik "N" y Shawna "N" por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tras un cateo realizado en un inmueble de la colonia Lagunitas 2, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
De acuerdo con la información oficial, durante el operativo elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal localizaron plantas con características de marihuana, productos derivados del cannabis, vapeadores, equipo para cultivo y cartuchos para armas de fuego. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.
Entre los indicios asegurados se encuentran 59 plantas con hojas verdes de distintos tamaños, 231.9 gramos de hierba verde y seca identificada como cannabis sativa L., además de 11.9 gramos de semillas de la misma especie.
También fueron decomisadas sustancias vegetales, líquido con delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), 39 cajas de vaporizadores, lámparas y equipo diverso presuntamente utilizado para el cultivo. A estos objetos se suman 79 cartuchos útiles de distintos calibres.
Como parte de las investigaciones, la FGR solicitó la intervención de la Policía Federal Ministerial y la elaboración de dictámenes periciales en materias de química, fotografía, balística, medicina forense y lofoscopía.

Juez impone prisión preventiva y fija plazo de investigación
Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez calificó de legal la detención y dictó auto de vinculación a proceso contra ambas personas por los delitos de siembra y cultivo de plantas de marihuana, posesión de cannabis sativa L. con fines de comercio o suministro, así como posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
El proceso continuará mientras la Fiscalía reúne los elementos necesarios para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Las personas imputadas conservan su derecho a la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.