El Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) condenó enérgicamente el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán y dirigente activo del movimiento nacional campesino.
El cuerpo sin vida de Bravo Manríquez, quien presentaba huellas de violencia, fue encontrado la mañana de este lunes, a menos de una semana de haber participado en el paro nacional de productores realizado el pasado 14 de octubre en más de 20 estados del país. Dicha movilización exigía la recuperación de la agricultura nacional, la exclusión de los granos básicos del TMEC, el establecimiento de precios de garantía universales y una banca de desarrollo que respalde las actividades del campo mexicano.
Mediante un comunicado, el FNRCM lamentó el crimen y envió sus condolencias a la familia del dirigente, así como a los productores de Michoacán. Además, advirtió que este hecho violento se da en un contexto preocupante de indiferencia gubernamental hacia el diálogo con el movimiento campesino.
"Al gobierno no solo le exigimos la aclaración de este artero asesinato, sino le advertimos que su conducta de indiferencia enrarece el ambiente y crea condiciones de vulnerabilidad para los productores del país, enviando un mensaje de exclusión y desprotección", señaló el FNRCM.
Asimismo, el Frente reiteró que su lucha tiene como objetivo construir una alianza con el Estado para recuperar el campo mexicano y reactivar la economía nacional. Recordaron también el incidente ocurrido el 17 de octubre, cuando, en una reunión con autoridades, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, impidió la participación de dirigentes del FNRCM como Baltazar Valdez y Yako Rodríguez, calificando dicho gesto como arrogante y excluyente.
"México enfrenta una fuerte presión del gobierno de Estados Unidos y de entidades que buscan profundizar la polarización social para justificar mayores acciones intervencionistas", alertó la organización.
El FNRCM exigió al gobierno federal cesar las actitudes divisionistas y discriminatorias contra los productores nacionales, y atender de forma urgente la inseguridad que amenaza al campo y a sus dirigentes.