Amnistía Internacional condena presunto ataque de la Guardia Nacional en Sinaloa; exige justicia para Yessenia y Néstor
La organización internacional de derechos humanos Amnistía Internacional condenó públicamente el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional que habría derivado en el asesinato de Yessenia, una joven mujer embarazada, y su pareja Néstor, el pasado 1 de junio en la comunidad de El Aguajito, municipio de Sinaloa.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, Amnistía Internacional calificó los hechos como graves violaciones a los derechos humanos, y exigió a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa llevar a cabo una investigación independiente, pronta y eficaz que permita esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para las víctimas.
"La actuación de las fuerzas de seguridad no puede basarse en la presunción ni justificarse sin investigaciones exhaustivas. Las autoridades deben priorizar la vida, la legalidad y la rendición de cuentas", señaló la organización.
En el mismo comunicado, la ONG exigió además la cooperación total de la Guardia Nacional en las investigaciones, subrayando que los responsables deben ser identificados y procesados conforme a derecho.
El caso ha generado consternación nacional, particularmente por tratarse de una pareja joven sin antecedentes delictivos, según testimonios de familiares, y porque Jessica se encontraba en estado de gestación. Las primeras versiones oficiales indicaron un posible enfrentamiento, sin embargo, las familias de las víctimas niegan que portaran armas o representaran amenaza alguna.
Amnistía Internacional advirtió sobre los riesgos de la militarización de la seguridad pública, al señalar que este modelo ha generado un patrón de abusos en distintos puntos del país.
"La vida de Jessica, su embarazo, y la de Néstor no pueden quedar impunes. La militarización de la seguridad pública sigue costando vidas", concluyó el organismo.
En Sinaloa persiste indignación total ante este y otros casos, Colegios de abogados en la entidad han solicitado a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación exhaustiva, independiente y apegada a derecho, al tiempo que exigieron poner un alto al uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones federales.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan esperando una postura oficial y avances concretos en las investigaciones. A tres días de los hechos, las autoridades mantienen un silencio absoluto, lo que ha profundizado el malestar social y el reclamo por justicia.