Comunidades indígenas exigen respuesta ante recomendaciones de ONU por proyecto GPO

Integrantes de la comunidad indígena de Ohuira exigieron al Gobierno de México atender y responder de manera inmediata las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a las violaciones de derechos humanos y socioambientales vinculadas al proyecto de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), en el municipio de Ahome.

Durante una conferencia de prensa, Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira, y la lideresa indígena Claudia Quintero, denunciaron que México es el único de los seis destinatarios que no ha contestado a las observaciones formuladas por 11 relatores especiales de la ONU, un número que calificaron como "histórico y alarmante".

Once relatores respaldan denuncias sobre violaciones a derechos indígenas y ambientales

Quintero explicó que las recomendaciones de Naciones Unidas señalan múltiples violaciones a derechos humanos, entre ellos:

• Derecho a un medio ambiente limpio y saludable
• Derecho a la salud
• Derecho al desarrollo
• Derechos de los pueblos indígenas
• Derecho a la autodeterminación
• Libertades de expresión, reunión y asociación

El documento también advierte sobre afectaciones a comunidades pesqueras, a niñas y niños, así como impactos potenciales del proyecto en el cambio climático, la biodiversidad y la contaminación tóxica.

"Que 11 relatores se unan para emitir estas recomendaciones habla de la gravedad del problema. Es algo que debería preocupar seriamente al gobierno mexicano", señaló Quintero.

Gobierno mexicano, único que no ha respondido

Las recomendaciones de la ONU fueron enviadas a seis actores:

• El gobierno alemán
• El banco KfW, financiador del proyecto
• El gobierno suizo
• La empresa Proman
• La empresa GPO
• Gobierno de México

Según la información pública disponible, cinco de las seis cartas ya cuentan con respuesta; sólo falta la del Gobierno mexicano.

"O no le interesa o se está haciendo de la vista gorda; parece que lo único que quieren es que avance el proyecto", acusó Quintero.

Comunidad denuncia falta de diálogo con el banco financiador

Por su parte, Montaño Valenzuela denunció que, pese a que el banco alemán KfW IPEX-Bank se encuentra en la región para reuniones con la empresa GPO, no ha establecido un diálogo formal con las comunidades afectadas.

Aunque recibieron una supuesta invitación informal a través de un enlace comunitario de GPO, los representantes indígenas afirmaron que nunca hubo comunicación directa ni segura con el banco.

"Tenemos el derecho de dialogar con quien financia el proyecto. Hemos pedido que bajen a la comunidad y revisen nuestra documentación, pero hoy nos dijeron que ya no pueden reunirse con nosotros", lamentó el gobernador tradicional.

Más de una década de resistencia

Los líderes indígenas recordaron que llevan más de 10 años defendiendo su territorio y denunciando la falta de consulta libre, previa e informada sobre la construcción de la planta de amoníaco, la cual, afirman, afectará su forma de vida, su salud y su medio ambiente.

Tanto Montaño como Quintero insistieron en que la sociedad mexicana debe conocer que Naciones Unidas ya emitió observaciones formales contra este proyecto y ha puesto atención directa sobre el norte de Sinaloa.

"Aquí estamos, seguimos en resistencia. Exigimos diálogo, transparencia y que se respeten nuestros derechos", concluyó Quintero.