Crisis penitenciaria en Sinaloa: violencia, muertes y ingobernabilidad tras los muros

"Y sobre todo en estos 12 meses que hemos estado viviendo el penal aquí de el de Aguaruto de la ciudad de Culiacán es el que más ha presentado problemas de violencia al interior. A tal grado de que creo que son seis o siete directores los que se han cambiado en los últimos meses", Óscar Loza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

A un año de haberse recrudecido la violencia en el estado, los centros penitenciarios de Sinaloa viven una crisis interna que pone en entredicho su función como espacios de rehabilitación.

Uno de los casos más graves es el del Centro Penitenciario Goros II, ubicado en el municipio de Ahome, donde seis internos han fallecido solo en lo que va de 2025. Las causas han sido diversas, desde riñas hasta agresiones físicas directas. A esto se suman 13 quejas presentadas por presuntas violaciones a derechos humanos, lo que exhibe un patrón de abuso y negligencia.

Todo esto ocurre en un penal que no se encuentra hacinado: tiene capacidad para 1,859 personas, pero alberga actualmente a 965 internos, lo que representa una ocupación del 51.91%. Es decir, el problema no es de sobrepoblación, sino de gobernabilidad.

Según el Informe Global sobre la Población Reclusa, publicado por la Secretaría de Seguridad Pública en marzo de 2025, Sinaloa tiene 4,408 personas privadas de la libertad, de las cuales 3,728 son hombres y 144 mujeres.

A pesar de que este centro penitenciario tiene programas de reinserción como talleres laborales, actividades deportivas, cursos educativos, atención psicológica y programas religiosos, que atienden a alrededor de 2 mil 400 personas. Estas medidas no garantizan ni seguridad ni reintegración.

"Parece que son escuelas de delincuentes y que salen mucho más preparados, con mucho más amistades y que al interior de las cárceles también cometen muchísimos delitos de extorsión y otras situaciones que atentan contra los ciudadanos", Ricardo Beltrán, presidente de la Asociación Mexicana de Abogados.

Goros II muestra que la crisis en los centros penitenciarios de Sinaloa no es cuestión de espacio, sino de gobernabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.