GUAMÚCHIL, SINALOA.- Mientras los desbordamientos de aguas negras continúan afectando a distintos sectores de Salvador Alvarado, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JAPASA) busca responsabilizar a la ciudadanía por arrojar objetos al drenaje, pero deja en segundo plano una crisis operativa y financiera que también exige respuestas, mantenimiento y transparencia.
La gerenta de JAPASA, María Isaura Bejarano Lugo, señaló que los colapsos de las redes sanitarias se originan, entre otras causas, por el depósito de objetos como cobijas, palos, piedras, almohadas, monos de peluche y toallitas húmedas, materiales que presuntamente provocan taponamientos en las tuberías.
Sin embargo, aunque evitar que estos residuos lleguen al drenaje es una responsabilidad compartida, la explicación de la paramunicipal no puede convertirse en una salida para evadir las deficiencias que enfrenta el organismo encargado de garantizar el servicio.
CULPAR A LOS CIUDADANOS NO RESUELVE LOS DERRAMES
La presencia de objetos ajenos al sistema sanitario puede generar obstrucciones, pero el problema no termina ahí.
Las condiciones del equipamiento, la capacidad de respuesta y el mantenimiento de las redes también son factores fundamentales para evitar que las aguas residuales terminen en calles, viviendas y espacios públicos.
En ese contexto, las explicaciones de JAPASA dejan una interrogante: ¿qué está haciendo el organismo para atender las fallas que se presentan y garantizar que sus equipos funcionen adecuadamente?
Los habitantes afectados no solamente necesitan saber qué provoca los taponamientos, sino también conocer qué acciones se realizan para prevenirlos, cuánto tiempo tarda la atención de los reportes y qué medidas se aplican para evitar que los derrames se repitan.
Porque mientras la paramunicipal señala las malas prácticas de algunos usuarios, las familias continúan enfrentando los malos olores, la contaminación y las molestias que representan las aguas negras en sus comunidades.

VACTORES Y EQUIPAMIENTO BAJO LA LUPA
Otro de los aspectos que preocupa es la falta de equipamiento y las condiciones en las que presuntamente se encuentran los vehículos vactor, unidades indispensables para realizar labores de desazolve y atender emergencias relacionadas con el drenaje sanitario.
Si los equipos no están en condiciones óptimas o no cuentan con la capacidad necesaria para responder a los reportes, la atención de los derrames puede complicarse y prolongar las afectaciones para la población.
La situación obliga a cuestionar si JAPASA cuenta con las herramientas suficientes para cumplir con sus responsabilidades y si los recursos disponibles están siendo destinados de manera adecuada al mantenimiento y operación de sus unidades.
A esto se suma la problemática laboral señalada en torno al incumplimiento de compromisos establecidos en los contratos colectivos de trabajo, un asunto que también requiere atención para evitar que las condiciones internas del organismo terminen repercutiendo en la prestación de los servicios.
DÉFICIT DE CASI 8 MILLONES AGRAVA LA CRISIS
La situación financiera de JAPASA también representa un foco de preocupación.
De acuerdo con reportes de mediados de 2026, el organismo enfrentaba un déficit operativo cercano a los 8 millones de pesos, una condición que ponía en riesgo su capacidad de funcionamiento.
Este panorama obliga a revisar cómo se están administrando los recursos, cuáles son las necesidades prioritarias y qué medidas se contemplan para garantizar la operación de la paramunicipal.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y qué acciones se emprenden para mejorar el servicio, especialmente cuando los problemas de drenaje afectan directamente la salud, la movilidad y las condiciones de vida de las familias.
JAPASA DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD
Es necesario que la población evite arrojar basura y objetos al drenaje, pero también es indispensable que JAPASA cumpla con su obligación de mantener las redes, atender los reportes y contar con equipos funcionales para responder a las emergencias.
La responsabilidad ciudadana no cancela la responsabilidad institucional.
La gerencia debe explicar qué medidas está tomando para enfrentar el deterioro de la infraestructura, mejorar el equipamiento, atender las necesidades de sus trabajadores y superar el déficit financiero que amenaza su operación.
Porque los habitantes de Salvador Alvarado no pueden quedarse únicamente con señalamientos contra quienes arrojan basura al drenaje, mientras los derrames continúan y las condiciones del organismo siguen bajo cuestionamiento.
JAPASA debe dejar de limitar sus explicaciones a la conducta de los ciudadanos y demostrar, con acciones, mantenimiento, equipos funcionales y cuentas claras, que está trabajando para resolver una crisis que no puede seguir trasladándose a las familias.