En el Hospital General de Los Mochis, la unidad de hemodiálisis es un recurso vital para pacientes con insuficiencia renal, gracias a programas públicos como IMSS-Bienestar, reciben tratamiento gratuito que les permite seguir viviendo, pero hoy, la continuidad de este servicio se encuentra en riesgo.
Carmen es una de las muchas personas que viven la angustia y el desgaste físico y emocional que conlleva el tratamiento, dos veces por semana, viaja desde la comunidad de Huepaco para acompañar a su suegra, quien depende de la hemodiálisis para seguir viviendo.
Como ella, decenas de familias hacen largos recorridos, sorteando la falta de transporte, recursos económicos y tiempo, lo hacen porque no hay otra alternativa.
" Nos venimos sin desayunar , a veces se nos pasa el camión , pero le hacemos la lucha para que ella esté bien , se lo hacen dos veces a la semana , le drenan la sangre" Carmen, Habitante de Huepaco
La unidad de hemodiálisis en el Hospital General realiza en promedio 18 sesiones diarias, no obstante, enfrenta una presión creciente: más pacientes, menos recursos, equipos que requieren mantenimiento y turnos saturados.
Para especialistas, esta situación representa un serio retroceso para el sistema de salud en México, donde los más afectados son, una vez más, quienes menos tienen.
" Estas áreas requieren muchos insumos , personal especializado, maquinas, higiene y limpieza , y realmente las políticas públicas ahí están fallando" José Francisco Villegas, Médico especialista
En clínicas privadas, una sola sesión de hemodiálisis puede costar entre mil 500 y dos mil 500 pesos y hay pacientes que requieren hasta tres sesiones por semana, esto significa un gasto mensual que supera los 20 mil pesos por persona.
El costo anual promedio por paciente en el sector público es de alrededor de 158 mil 964 pesos, sin el respaldo financiero y operativo del sistema de salud, el futuro de las áreas de especialidades como la unidad de hemodiálisis es incierto.
El derecho a la salud está consagrado en la constitución, pero para quienes dependen de una máquina para seguir respirando, ese derecho se diluye entre recortes y cambios administrativos.