Exigen a Semarnat revisar legalidad de planta de amoníaco GPO

Ante el reciente anuncio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena de una revisión exhaustiva a los permisos y condiciones del proyecto para la construcción de una planta de amoníaco en la bahía de Ohuira, una zona catalogada como área natural protegida, Claudia Quintero, habitante del ejido Ohuira y activista ambiental, manifestó que se espera que se realice una revisión a fondo en los permisos, así como la situación legal de los terrenos en donde se pretende construir la planta, esto tras asegurar que, la empresa promotora del proyecto, Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) no cuenta con las concesiones de dichos terrenos federales.

La mujer indígena quien mantiene desde hace años una lucha en contra dicho proyecto, expresó que esperan que la visita de Bárcena a Topolobampo se haga justicia y se saque a flote la corrupción que existe en dicho proyecto industrial.

"Que esperamos hoy, esperamos que vengan, que revisen que se adapten a las leyes que hagan justicia, que revisen bien cómo están los terrenos, ellos no tienen las concesiones, están sobre concesiones que no les pertenecen tienen una manifestación de impacto ambiental" afirmó.

Explicó que la planta actualmente se encuentra bajo amparo y en litigio, lo que ha frenado cualquier acción legal por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

"Profepa nos dio la razón en la denuncia sobre concesiones marítimas, pero no puede proceder porque el ejido Rosendo G. Castro, a través de su comisariado ejidal quien vendió los terrenos a la empresa, interpuso un amparo que fue admitido por el Juzgado Séptimo", detalló.

Esto ha dejado a los pobladores del ejido de Ohuira, en una situación de indefensión jurídica. "Estamos de manos atadas. Nosotros somos los denunciantes, pero no se puede ejercer la ley por el amparo que impide a Profepa actuar", agregó.

Finalmente, la activista señaló que si México realmente aspira a cumplir los estándares socioambientales internacionales, el proyecto no debería continuar. "Si nos apegamos a las leyes ambientales, la planta se va. No va a cumplir con los estándares, y tenemos fe en que así será", concluyó.