Exigen mano dura contra "taxis pirata", una competencia desleal para operadores
La Dirección de Vialidad y Transporte del Estado ha iniciado operativos en Los Mochis para verificar la legalidad de las unidades que prestan el servicio de taxi, tras detectarse la circulación de hasta 200 vehículos irregulares, conocidos como "taxis piratas", que operan sin concesión oficial.
La medida se produce en medio de un conflicto interno en la Unión del Volante, organización gremial que atraviesa una profunda crisis de legitimidad y liderazgo. Como parte de los acuerdos tras la reciente confrontación entre facciones, se convocarán elecciones internas para renovar la dirigencia. La Asamblea General se reunirá el próximo miércoles 24 de junio para formalizar la convocatoria, mientras que la votación está programada para el 8 de julio.
Uno de los principales puntos de tensión ha sido la preocupación de socios, choferes y permisionarios por la posible inclusión de operadores irregulares en el proceso electoral. Para garantizar la legalidad del proceso, se estableció que únicamente podrán participar los 480 socios debidamente registrados ante el Gobierno del Estado.
Enrique Palma Medina, actual dirigente interino, advirtió que únicamente los socios reconocidos por la Asamblea General tienen derecho a votar. Denunció además que durante la gestión anterior se permitió operar a personas ajenas a la organización, quienes presuntamente pagaron cuotas ilegales para obtener acceso al servicio sin cumplir con los requisitos legales.
"Si llegan personas ajenas con componendas o dinero para los dirigentes, eso no tiene validez. Ser socio implica un proceso formal de aceptación y cumplimiento de cuotas", explicó Palma Medina, quien también subrayó que los socios verdaderos cumplen con todos los requisitos como revalidación, seguros y permisos oficiales.
Palma también acusó directamente al exdirigente Rigoberto Rodríguez Pineda de haber vendido permisos de manera informal, por montos muy inferiores al valor real y sin sustento legal, lo que dijo provocó un "cochinero" dentro de la organización. Aseguró que existen al menos nueve denuncias en su contra, por amenazas, acoso laboral y otras irregularidades.
Finalmente, el dirigente interino hizo un llamado a las autoridades estatales para mantener la vigilancia y regulación estricta del transporte público, con el objetivo de proteger el patrimonio de las familias transportistas que han operado durante décadas dentro del marco legal.
