Fiscalía bajo la lupa: En Sinaloa la justicia no llega
A más de una década de la reforma constitucional que otorgó autonomía a las fiscalías estatales, expertos aseguran que esto solo ha quedado en el papel pues existen profundas contradicciones entre el diseño institucional y su operación real.
" Están a merced de lo que disponga tanto el presidente de la república y los gobernadores de los estados , lo que dificulta la posibilidad de que sean autónomas" Ricardo Beltrán ,Presidente de la Alianza Mexicana de Abogados
En Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) está encabezada actualmente por Claudia Zulema Sánchez Kondo, quien fue seleccionada por el Congreso estatal a través de un proceso formal.
De acuerdo con cifras de Impunidad Cero y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presupuesto asignado a la FGE en 2025 fue de mil 140 millones 23 mil 69 pesos, lo que representa una reducción del 5% respecto a los mil 200 millones en 2024, recurso que resulta insuficiente ante la alta demanda de trabajo.
"La tecnología avanza cada vez más y la delincuencia no esta ajena a ello , evolucionan también, nosotros como fiscalía tenemos que evolucionar, adoptar infraestructuras y tecnologías para hacer frente a esas situaciones y todo eso cuesta dinero" Isaac Aguayo, Vicefiscal Regional Zona Norte
Casos estancados, investigaciones selectivas y demoras interminables se han vuelto el pan de cada día para ciudadanos que acuden a la Fiscalía en busca de un amparo legal.
"Se tardan mucho en descubrir supuestamente ellos que tu digas la verdad aún y cuando traes todas las pruebas, alargan el proceso , se va un mes o dos meses y ahí te archivan hasta que se les da la gana" Ángela, Ciudadana
En 2024 los delitos contra la salud registraron el mayor número de investigaciones, con 248 carpetas abiertas, seguido con 12 carpetas por delincuencia organizada y 16 por narcomenudeo , mientras que en el acumulado de enero a marzo del 2025 se reportaron 314 carpetas de investigación relacionados con delitos contra de la libertad y seguridad sexual.
Del total de denuncias presentadas, se inicia una investigación en el 69.3% de los casos. Sin embargo, solo el 4.6% llegan ante un juez, mientras que el 46.1% de las investigaciones no alcanza ninguna resolución.
En cuanto al personal operativo, el estado cuenta con 6.5 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional, lo que agudiza la saturación en las agencias del Ministerio Público.
La denuncia siempre será una opción válida, ya que permite iniciar una investigación para esclarecer hechos que podrían constituir un delito, facilitando así el ejercicio de la justicia.
