El Estado mexicano no protege a familiares de víctimas de desaparición
El Estado mexicano no garantiza la seguridad de las víctimas de delitos de lesa humanidad ni la de sus familiares. Esta omisión los expone a nuevas agresiones, muchas veces cometidas por cuerpos de seguridad o integrantes de la sociedad.
Entre 2011 y febrero de 2025, 23 personas dedicadas a la búsqueda de sus familiares han sido asesinadas y cuatro más desaparecieron en México, según Artículo 19 y Expansión Política.
Violencia sin respuesta
María del Refugio Montoya enfrenta violencia desde la desaparición de su hija, Elda Adriana Valdés Montoya, el 10 de agosto de 2020. A pesar de denunciar las agresiones, las autoridades no han intervenido.
"Todo el mundo se ha ensañado, todo el mundo nos trata muy feo y se burlan de que no encuentro a mi niña. Se burlan mucho, creen que nunca van a estar en mis zapatos", denunció Montoya.
Ella y su nieta han sufrido amenazas, irrupciones en su hogar y daños materiales. Los agresores les recuerdan constantemente la desaparición de Elda Adriana.
Mónica Esparza, víctima de retención ilegal, tortura y violencia sexual por parte de la Policía Municipal de Torreón en 2013, también ha sido acosada posteriormente.
"Llevo 10 carpetas de investigación abiertas en contra de diferentes corporaciones: Policía Municipal de Torreón, GRL, PEC y los ministeriales", señaló Esparza.
Silvia Ortiz, fundadora de Grupo Vida y madre de Silvia Stephanie Sánchez Viesca, desaparecida en 2004, fue agredida en 2023 junto a su hijo por elementos de la Policía Especializada de Coahuila y la Policía Municipal.
Estos casos evidencian una constante: la revictimización de quienes buscan justicia y la impunidad que protege a los agresores.
El incumplimiento de las leyes de protección
La Ley General de Víctimas obliga al Estado a garantizar seguridad, asistencia, ayuda y reparación integral a las víctimas y sus familias. En Coahuila, esto no ocurre.
De 2018 a noviembre de 2024, la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila emitió 410 recomendaciones por violaciones a esta ley. Solo 42 han sido cumplidas, mientras 274 siguen en proceso y 94 están pendientes, parcialmente cumplidas, canalizadas o rechazadas, de acuerdo con una investigación de Semanario Vanguardia y Heridas Abiertas.
A nivel federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 22 recomendaciones dirigidas a instituciones de Coahuila; todas siguen "en trámite".
"Básicamente no les hacen caso a estas recomendaciones. Tenemos casos en Coahuila que tienen muchas recomendaciones y que el Estado tampoco ha cumplido", afirmó María Eugenia Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. "La comisión debería ser más fuerte y presionar más para que se cumplan."
La deuda en reparación del daño
La reparación integral del daño no se limita a compensaciones económicas. Incluye medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, que deben ser implementadas por los tres niveles de gobierno.
Lucía Razo, abogada de la Red de Mujeres de La Laguna, advirtió: "En los factores de riesgo en los cuales se colocaron después del hecho victimizante, no se está interviniendo. Condiciones de pobreza, desempleo y vulnerabilidad a la explotación sexual se mantienen".
Razo agregó que esta omisión mantiene a las víctimas en un "estado estático de desprotección", lo que las expone a sufrir nuevos delitos y violaciones de derechos humanos.
Impunidad y falta de voluntad
La falta de protección efectiva no solo perpetúa la violencia, sino que también obstaculiza el acceso a la justicia y la garantía de no repetición. Organizaciones y especialistas insisten en que, sin voluntad política y acciones concretas, la impunidad seguirá siendo la norma en Coahuila y en otras partes del país.
