Indígenas piden a PROFEPA actuar por ocupación ilegal de GPO

Pueblos indígenas exigen a PROFEPA intervenir por presunta invasión de zonas marítimas y terrenos federales por parte de GPO en la Bahía de Ohuira.

Integrantes de comunidades indígenas del municipio de Ahome denunciaron la falta de acción por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), luego de que desde hace varios meses interpusieran una denuncia formal contra la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) por presunta invasión de zonas marítimas y terrenos federales en la Bahía de Ohuira, área natural protegida donde se proyecta la construcción de una planta de amoníaco.

Irena Díaz, mujer indígena de la comunidad de Paredones, una de las localidades directamente afectadas exigió públicamente a la PROFEPA que responda a las denuncias presentadas y realice una inspección en los terrenos ocupados por la empresa. Afirmó que, a pesar de los señalamientos formales, la dependencia no ha tomado ninguna acción concreta para investigar o frenar los presuntos actos irregulares.

"La PROFEPA no ha actuado. Pedimos que revisen lo que está haciendo GPO porque están invadiendo tierra y mar que no les pertenece. Llevamos meses con esta denuncia y nadie ha hecho nada", expresó.

Por su parte, Irene Díaz, señaló que la única respuesta obtenida por parte de la PROFEPA ha sido que un juicio de amparo promovido por la comunidad de Rosendo G. Castro impide actuar ante los reclamos, argumento que calificó como una evasiva ante la obligación legal de proteger el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.

Condenaron que no solo ante la PROFEPA, sino también ante otras dependencias federales y estatales, se han presentado múltiples denuncias relacionadas con el impacto ambiental y territorial del proyecto, sin que hasta el momento exista una respuesta oportuna ni medidas cautelares. Mientras tanto, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) continúa avanzando en la construcción del proyecto, presuntamente sobre terrenos federales ocupados de manera irregular.

Las comunidades afectadas reiteraron su rechazo al proyecto de la planta de amoníaco y advirtieron que continuarán con su lucha legal y social para frenar lo que consideran una violación a sus derechos territoriales y ambientales.

 "El día 6 de julio del 2022 se hace una denuncia penal por daños al medio ambiente al cual no había habido respuesta se nos da la oportunidad de entregárselos en sus manos porque dicen que ellos no estaban enterados de esa denuncia".