GUASAVE, SINALOA.- Un caso ocurrido en la comunidad de El Papachal, en la sindicatura de Tamazula, ha encendido las alarmas entre las autoridades locales, luego de que un adolescente fuera amarrado y azotado por dos jóvenes de su misma edad, un hecho que, aunque no constituye delito penal por tratarse de menores, sí representa una grave infracción dentro del marco de protección a la niñez y adolescencia.
La titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Guasave, Dámaris Osuna Zavala, confirmó que la institución abrió una investigación integral del caso, enfocada en el entorno familiar, psicológico y social de los tres adolescentes involucrados.
"Te puedo decir que estamos en la investigación inicial, contactando a los familiares, a los papás o quien se esté haciendo cargo de esos adolescentes, sabemos de dónde son, dónde viven, están estudiando ahí mismo en ese lugar donde viven, pero hasta ahí te puedo decir, la indicación es muy clara, que de acuerdo a la ley tenemos que ser sensibles y respetuosos sobre este tema". Indicó la producuradora.
De acuerdo con Osuna Zavala, el caso podría ser un reflejo preocupante de los entornos familiares que enfrentan algunos menores en el municipio, donde la desatención, la desintegración o el abandono emocional pueden derivar en conductas agresivas.
"Si la conducta de ellos es un reflejo de lo que ellos están viviendo en el pleno familiar, integralmente los tenemos que atender a toda la familia, por eso seguimos con las investigaciones iniciales", explicó la funcionaria.
Osuna Zavala precisó que los tres adolescentes serán atendidos de manera integral, ya que detrás de estas manifestaciones violentas pueden existir problemas de desatención o deficiencias emocionales severas.
"Gracias a las primeras investigaciones que hemos hecho, se sabe que eran amigos, más no sé qué fue lo que sucedió como para que detonara eso. Sin embargo, no podemos hacerlo público por respeto a su integridad, fue una de las indicaciones que nos dio nuestra presidenta Cecilia Ramírez Montoya", expresó.

Aunque el caso aún se encuentra en fase de evaluación social y psicológica, la procuradora explicó que, conforme a la Ley de Justicia para Adolescentes, podría ser canalizado al tribunal especializado con sede en Los Mochis, en caso de que exista una denuncia formal y se determinen elementos suficientes para su intervención.
Por ahora, el DIF mantiene la coordinación con instituciones estatales de justicia y salud mental para garantizar la protección de los derechos de los tres menores y evitar que este tipo de comportamientos escalen en el futuro.
Finalmente, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes reiteró un llamado urgente a padres y tutores a mantenerse atentos ante cualquier cambio de conducta, aislamiento, actitudes agresivas o señales de alarma en sus hijos.
"Es importante hacer un llamado al adolescente, que está pasando por un proceso complicado, que se acerque a la procuraduría, con la intención de con tiempo de atenderlo para esa problemática que esté viviendo". Concluyó