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18 de Mayo del 2024
Movilidad

"Ley de Movilidad y Seguridad Vial", amenaza al transporte


El transporte se convierte en un elemento fundamental a lo largo de la cadena de suministro. Además, juega un papel determinante en el desarrollo de la actividad económica en el país, ya que posibilita el intercambio de mercancías, lo cual permite crear mercados más amplios con capacidad de absorber los excedentes de producción de los mercados locales.

Sin embargo, este sector tan importante para el desarrollo económico del país, está siendo impacto por diversos factores, uno de ellos, el alto costo de los combustibles, casetas de peaje y ahora, se encuentra bajo la amenaza de la "Ley de Movilidad y Seguridad Vial".

Para José Manuel Araiza, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), esta iniciativa tiene un fin completamente recaudatorio, pues abre la puerta a actos de corrupción por parte de policías municipales y estatales, además de que sacaría de la circulación a todas aquellas unidades consideradas como chatarras.

"Es recaudatoria porque, ellos argumenta que el transporte de carga es un peligro para la ciudadanía, convivir con camiones en la ciudad es un peligro, pero si sacas un permiso que te cuesta 3 o 4 mil pesos ya no eres un peligro, ósea es un tema 100 % recaudatorio". 


Pero ¿En qué consiste dicha iniciativa de Ley?

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMySV) busca entre otros objetivos,  evitar 16 mil muertes al año que ocurren en accidentes viales en nuestro país, lo que equivale a 40 defunciones por día, según datos del INEGI.

Sin embargo, organismos como la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se ha mostrado preocupada por "imprecisiones que mantienen al establecer contradicción de conceptos en caso de interpretaciones".

La CONATRAM, piden analizar a conciencia dicha iniciativa, dado que vendría afectar la movilidad del transporte de mercancías, al considerar que es una iniciativa cien por ciento recaudatoria, que además, se prestaría para actos de corrupción en las policías municipales y estatales.







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