"Ley Silla es obligación, no una opción", Aarón Armenta, DTyPS

A partir del 17 de junio entró en vigor en todo el país la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a descansar durante su jornada laboral y obliga a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo en los centros de trabajo. No obstante, en la zona norte de Sinaloa aún no se pueden realizar operativos ni aplicar sanciones por su incumplimiento.

Así lo informó Aarón Armenta, delegado de la Dirección de Trabajo y Previsión Social en la zona norte, quien explicó que, aunque la ley ya fue promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, su aplicación efectiva aún depende de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a nivel federal expida la norma oficial que la regule.

"Nosotros como Dirección de Trabajo no podemos realizar operativos ni sancionar a las empresas, porque aún no se ha emitido la norma que establezca cómo debe aplicarse esta ley. Estamos en espera de que eso ocurra para poder intervenir formalmente", señaló Armenta.

Actualmente, la dependencia estatal se encuentra en una fase de socialización de la ley, es decir, informando y capacitando a los centros laborales sobre su contenido y alcances, para que las empresas comiencen a prepararse e implementar los ajustes necesarios en su infraestructura.

El funcionario reconoció que algunas empresas ya tienen conocimiento de la reforma, pero han mostrado cierta resistencia a su implementación. Tal es el caso de Farmacias Guadalajara, que ha expresado públicamente que esperará hasta el cumplimiento del periodo de 180 días previsto por la ley para la emisión de la norma antes de tomar acciones.

"Las empresas tienen ese plazo para adaptar sus espacios y condiciones de trabajo conforme lo estipula la ley. Pero hacemos el llamado para que no esperen hasta el último momento y comiencen desde ahora a garantizar este derecho a sus trabajadores", subrayó el delegado.

Una vez que la STPS federal expida la norma correspondiente, la Dirección de Trabajo en Sinaloa podrá iniciar con inspecciones en centros laborales para verificar el cumplimiento y, en su caso, aplicar sanciones a quienes no hayan acatado la nueva disposición.

"Queremos que las empresas entiendan que esto no es una opción, es una obligación. Pero por ahora, el enfoque está en la capacitación y sensibilización", puntualizó Armenta.