GUASAVE, SINALOA.- Pese a la intervención de autoridades educativas estatales, las inconformidades de padres de familia y la realización de cinco mesas de diálogo, el conflicto administrativo y financiero en la Escuela Secundaria Técnica No. 28 de Guasave continúa sin resolverse. Los tutores señalan que la falta de acuerdos y de información sobre el manejo de los recursos escolares ha profundizado la desconfianza hacia las instancias responsables de atender sus demandas.
La comunidad escolar exige claridad sobre las cuotas aportadas por las familias, la entrega de documentación financiera y la formalización de la nueva Asociación de Padres de Familia (APF), un proceso que, aseguran, se ha prolongado sin resultados concretos.
QUINTA REUNIÓN SIN CUENTAS CLARAS
El miércoles 14 de octubre se celebró la quinta reunión para avanzar en la conformación formal de la Asociación de Padres de Familia. Sin embargo, de acuerdo con los tutores inconformes, el encuentro volvió a quedar marcado por la ausencia de la tesorera saliente, Dinora Gastelum, quien tampoco habría acudido a la reunión anterior.
La presencia del titular del área jurídica del Departamento de Secundarias Técnicas no fue suficiente para destrabar la situación. Los padres sostienen que, pese a sus reiteradas solicitudes ante la supervisión escolar y la oficina de Vinculación Social, encargada de coordinar los asuntos relacionados con las asociaciones de padres, no han obtenido la rendición de cuentas que exigen.
Los inconformes también cuestionan la actuación de la dirección del plantel, encabezada por la doctora María Aida Gutiérrez Meza, pues consideran que sus reclamos de transparencia no han recibido una respuesta satisfactoria.
Ante la falta de participación de la directiva saliente, la asamblea decidió nombrar a un tesorero suplente con el propósito de avanzar en la integración del nuevo comité y dar continuidad a los proyectos en beneficio de los estudiantes.

CONTROVERSIA POR EL USO DE LA BIBLIOTECA
La inconformidad aumentó el jueves 15 de octubre, cuando integrantes de la nueva mesa directiva acudieron a la biblioteca escolar para organizar su plan de trabajo.
Según la versión de los padres, el profesor Ángel Custodio les pidió desalojar el espacio por instrucciones de la dirección, argumentando inicialmente que sería utilizado por un grupo de alumnos. No obstante, aseguran que los estudiantes nunca llegaron y que posteriormente se les indicó que no podían permanecer ahí porque la representación todavía no estaba legalmente constituida.
Aunque el docente habría ofrecido disculpas después del incidente, los tutores consideraron que lo ocurrido obstaculizó sus actividades y alimentó la percepción de que existen barreras para permitirles avanzar en la organización del comité.
Los padres solicitan que se establezcan condiciones claras para que puedan realizar sus labores y participar en los asuntos escolares sin confrontaciones.
DUDAS SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS
Uno de los puntos más delicados del conflicto es la entrega del corte de caja y los estados financieros correspondientes a la gestión de la tesorera saliente.
Los inconformes afirman que Dinora Gastelum se negó a presentarse personalmente y que, mediante terceros, habría argumentado que no estaba obligada a rendir cuentas debido a que los recursos se depositaron en una cuenta bancaria personal.
Esta versión, atribuida a los padres de familia, ha generado interrogantes sobre la administración y comprobación del dinero recaudado mediante las aportaciones de las familias.
Los tutores exigen que se presente la documentación correspondiente para conocer los ingresos, los gastos, los saldos disponibles y el destino de los recursos. También piden que las autoridades educativas intervengan para determinar el procedimiento adecuado para la entrega formal de la tesorería.
Hasta que se conozcan los documentos y las explicaciones de las partes involucradas, no es posible establecer si existieron irregularidades en el manejo del dinero.
PADRES ACUSAN FALTA DE RESPUESTAS Y PIDEN INTERVENCIÓN
Los inconformes consideran que el prolongado proceso está desgastando a la comunidad escolar y cuestionan que, después de cinco reuniones, continúen sin resolverse asuntos fundamentales para la transparencia y el funcionamiento de la asociación.
Asimismo, señalan presuntos actos de hostigamiento, descalificación y manipulación informativa contra quienes solicitan aclaraciones, además de cuestionar la continuidad de personas vinculadas a una misma familia en el control de los recursos. Estas acusaciones no han sido corroboradas de manera independiente.
Por ello, demandan una intervención efectiva de las autoridades educativas, que incluya la revisión de la documentación financiera, la definición de responsabilidades y el establecimiento de mecanismos transparentes para la entrega de los recursos y la formalización de la nueva mesa directiva.
La exigencia de los padres es que el conflicto no continúe prolongándose en perjuicio de la comunidad estudiantil. La escuela necesita condiciones de organización y confianza que permitan concentrar los esfuerzos en la educación de los alumnos.
La transparencia en el manejo de las aportaciones escolares no debería convertirse en motivo de confrontación. Los padres de familia tienen derecho a solicitar información sobre los recursos que entregan, mientras que las personas señaladas merecen la oportunidad de presentar su versión y la documentación correspondiente. Ahora corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos y ofrecer una solución verificable.