Antes de iniciar el año a Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el gasto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural será de 46,253 millones de pesos, casi 20,000 millones de pesos menos frente a los 65,434 millones de pesos que fueron aprobados para el 2019, obligando a los grandes productores de Sinaloa a reducir costos y buscar alternativas de rentabilidad ya que todo lo que recibían eran subsidios por parte del Gobierno.
Con esto la agricultura se coloca en uno de los rubros más castigados a pesar de ser la principal actividad en el estado la cual contribuye en la producción de alimentos de exportación del país, aunque se apoyara a los pequeños sembradores no se puede poner en riesgo a los que realmente compiten en otros países y generan Impuesto sobre la Renta
El panorama de los agricultores se complica pese a la reserva que se anunció en el artículo 33 donde el Gobierno Federal establece como política pública el ordenamiento de los mercados en donde se contempla un ingreso objetivo garantizado no considera un soporte presupuestal, por lo que al final de cuentas el tema se queda en el aire y a voluntad del ejecutivo, lo cual calificó como preocupante.
Desde entonces han sumado esfuerzos para hacer frente a la reversión del presupuesto al campo, en el mes de noviembre alrededor de mil 200 productores de diversos estados abordaron a legisladores de la Cámara de Diputados en busca de una negociación justa para el campo mexicano donde se presentó una demanda de la cual aún no tienen respuesta.
Y es que además de esto han tenido que lidiar con incumplimientos en los pagos de sus cosechas, tal es el caso de productores del valle del Carrizo , que desde hace algunos meses entregaron su producción a empresas de multigranos y hasta el momento no han recibido el pago correspondiente , aunque ya se han presentado ante el ministerio público por presunto fraude y abuso de confianza se sienten olvidados por el Gobierno del Estado quien no ha mostrado interés de resolver.
A través de manifestaciones y paros en las casetas de cobro han advertido que de no ser atendidos por el Gobierno Federal se podría desatar una lucha sobre todo en las comunidades rurales por la falta de apoyo.