CRECE LA INCERTIDUMBRE ENTRE PRODUCTORES
GUASAVE, SINALOA.- A pesar de que un grupo de productores agrícolas tomara desde el jueves pasado la caseta de Costa Rica, en Culiacán, como muestra de apoyo a los agricultores que permanecen en la Ciudad de México exigiendo al Gobierno Federal la implementación de un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, una demanda que ha puesto nuevamente en tensión al sector primario de Sinaloa.
CASETA DE GUASAVE SIN BLOQUEO CARRETERO
La productora agrícola Emma Aída Espinoza Armenta aclaró que, en lo que respecta a los productores del norte del estado, no existe por ahora la intención de tomar las casetas de San Miguel en los Mochis, Cuatro Caminos en Guasave y la de Alhuey en Angostura, ya que continúan en diálogo con autoridades federales para alcanzar un acuerdo que garantice la rentabilidad del ciclo agrícola.
"La mesa de trabajo era para hoy, pero pidieron prórroga para realizarla a partir del miércoles; aquí en la zona norte no vamos a realizar bloqueos mientras continúen las mesas de trabajo. Sin embargo, la gente está muy desesperada y se quiere reunir, porque también ya deberían estar abiertas las ventanillas que prometió el gobierno para los trigueros y para los adeudos de los apoyos de maíz, y es hora que no las abren", indicó la integrante de Campesinos Unidos.

SI EL GOBIERNO NO CUMPLE, NO DESCARTAN NUEVAS MOVILIZACIONES
Sin embargo, Espinoza Armenta puntualizó que el ánimo del sector sigue siendo de preocupación e incertidumbre, por lo que no descartan nuevos bloqueos si las mesas de negociación no derivan en compromisos claros y verificables.
"Estamos en pláticas, pero si no vemos avances reales, los productores podrían volver a movilizarse. Todo dependerá de la respuesta que dé el gobierno federal el próximo miércoles", advirtió.
Mientras los agricultores que se encuentran en la capital del país mantienen reuniones con funcionarios de alto nivel, en Sinaloa el descontento continúa latente. Los productores coinciden en que la falta de un precio justo pone en riesgo no solo la economía del campo, sino la estabilidad de miles de familias que dependen directamente de esta actividad.
El sector agrícola se mantiene a la expectativa de un acuerdo que permita destrabar el conflicto, aunque deja claro que la presión social volverá a las carreteras si sus demandas quedan sin respuesta.