Redadas con hombres enmascarados desatan demanda histórica en EE.UU
Desde hace varias semanas, las redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles han generado una ola de indignación y preocupación entre defensores de derechos humanos, trabajadores y organizaciones comunitarias
Este miércoles 2 de julio, personas afectadas por estos operativos presentaron una demanda contra el gobierno de Donald Trump, alegando graves violaciones a derechos fundamentales y prácticas discriminatorias por motivos de raza. La querella, que ya es considerada un hito legal, busca frenar lo que describen como una serie de abusos cometidos durante las detenciones.
La demanda, de 63 páginas, fue interpuesta en el Tribunal de Distrito para el Centro de California. En ella, los demandantes acusan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de llevar a cabo detenciones y arrestos ilegales, seleccionando a sus víctimas principalmente por su color de piel.
Los abogados que representan a los afectados detallaron en conferencia de prensa cómo, bajo el pretexto de hacer cumplir la ley migratoria, agentes han "secuestrado y desaparecido" a miembros de la comunidad, privándolos de sus derechos y sometiéndolos a condiciones inhumanas.
Uno de los puntos más alarmantes de la demanda es la denuncia sobre las condiciones en las que los detenidos son mantenidos en un edificio federal de Los Ángeles
Según los testimonios, estas personas permanecen incomunicadas, sin acceso a abogados y en entornos que ponen en riesgo su salud. Se reporta hacinamiento, falta de alimentos, atención médica deficiente y ausencia de higiene básica, lo que ha llevado a familiares y defensores a calificar estas instalaciones como "mazmorras modernas".
El caso ha sido impulsado por cinco trabajadores detenidos y cuatro organizaciones: La Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes.
Todos ellos sostienen que el gobierno de Trump ha implementado una política de arrestos arbitrarios, presionando para cumplir cuotas sin justificación legal y violando así las protecciones constitucionales.
Los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) y Public Counsel, entre otros, buscan que el litigio tenga un alcance colectivo, beneficiando a personas en siete condados del área metropolitana de Los Ángeles
Solicitan al tribunal que emita órdenes para detener las redadas y garantizar el acceso a representación legal a los detenidos, en defensa de los derechos consagrados en la Cuarta y la Quinta Enmienda.
El anuncio de la demanda se realizó en un lavadero de autos en Torrance, escenario de una de las redadas más polémicas. El 22 de junio, agentes enmascarados, identificados únicamente por chalecos con insignias de la Patrulla Fronteriza, irrumpieron en el lugar y detuvieron violentamente a varios trabajadores.
Los hechos quedaron registrados en videos que circularon ampliamente en redes sociales, generando aún más inquietud sobre la legalidad y la ética de estos procedimientos.
Familiares de los detenidos, han denunciado la falta de información sobre el paradero de sus seres queridos. En muchos casos, ni siquiera han recibido un número de caso ni detalles sobre su situación, lo que incrementa la sensación de desamparo y vulnerabilidad.
El abogado Mark Rosenbaum, de Public Counsel, subrayó que el objetivo de estas acciones es despojar a los residentes de sus derechos más básicos y mantener en la sombra las condiciones en las que son tratados
Según Rosenbaum, la represión busca presentar a los detenidos como criminales peligrosos, únicamente por su origen o color de piel.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido notificado de la demanda, aunque ha señalado que su respuesta podría retrasarse debido al feriado del Día de la Independencia. Sin embargo, los abogados insisten en que los derechos constitucionales no pueden ser suspendidos por vacaciones ni por decisiones administrativas.
Este litigio, que podría marcar un precedente importante, busca no solo detener las redadas actuales, sino también sentar bases para la protección futura de las comunidades inmigrantes frente a abusos de autoridad y discriminación.
