Sinaloa acumula una deuda de 8 mil 234 millones de pesos; cuestionan destino de los recursos
Al cierre de 2025, el Gobierno de Sinaloa y sus municipios acumularon una deuda pública de 8 mil 234 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque los créditos se destinaron principalmente al financiamiento de obras, infraestructura y servicios, la información disponible no permite identificar con precisión qué proyectos se pagaron con esos recursos ni los beneficios concretos para la población.
Sinaloa ocupa el lugar 18 nacional en endeudamiento
Con este monto, Sinaloa se ubicó en el lugar 18 nacional entre las entidades federativas. Del total, el Gobierno estatal concentra 7 mil 546 millones de pesos, equivalentes al 91.6 por ciento; los municipios acumulan 593 millones, el 7.2 por ciento, y los organismos municipales deben 94 millones, poco más del uno por ciento.
Culiacán, Mazatlán y Guasave concentran la deuda municipal
La deuda de los ayuntamientos se concentra principalmente en tres municipios: Culiacán, con 392 millones de pesos; Mazatlán, con 74.5 millones, y Guasave, con 70.7 millones. En conjunto, representan el 90.6 por ciento del pasivo municipal. Ahome registra una deuda de 14.7 millones de pesos, equivalente al 2.5 por ciento.
En comparación con el año anterior, Mazatlán redujo su deuda en 122 millones de pesos; Culiacán, en 74 millones, y Ahome, en 9 millones.
La banca comercial concentra la mayor parte de los créditos
De acuerdo con un análisis del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN), la banca comercial concentra 7 mil 463 millones de pesos, el 90.6 por ciento de la deuda, mientras que la banca de desarrollo representa 771 millones.
El plazo promedio de pago es de 6.4 años, con una tasa de interés promedio del 8.4 por ciento. En términos per cápita, la deuda estatal equivale a aproximadamente 2 mil 439 pesos por habitante.
El destino de los recursos, una pregunta pendiente
Las cifras dimensionan el compromiso financiero que enfrenta Sinaloa, pero también plantean interrogantes sobre la transparencia y los resultados del endeudamiento: qué obras se realizaron, qué servicios mejoraron y qué beneficios concretos recibieron los ciudadanos.
