Ante las redadas migratorias emprendidas por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expertos advierten que México no está preparado para recibir el flujo de personas que serán deportadas, particularmente en estados como Sinaloa, donde persisten altos niveles de violencia y una economía inestable.
José Antonio Berrelleza, especialista en economía, advirtió que la entidad se encuentra entre las más vulnerables del país para atender la posible oleada de migrantes. "Sinaloa no está preparado. No hay una economía estable. En nuestro bastión, que es Culiacán, hay muchos negocios cerrados", declaró.
El economista también criticó las políticas migratorias del gobierno estadounidense, señalando que están generando una "psicosis" en la relación bilateral con México. Mencionó que propuestas como el impuesto del 3.5% a las remesas, además de ser preocupantes, podrían tener efectos negativos en la economía nacional y en el bienestar de las familias que dependen de esos recursos.
"Lo terrible son las formas rudas que está utilizando el gobierno federal. Tal vez impacte políticamente y afecte a México, porque esas personas que están irregulares van a venir a ocupar un espacio donde no hay oferta laboral, y donde los sueldos son mucho menores", dijo.
También expresó su preocupación por la falta de un sistema económico que pueda sostener apoyos como becas o pensiones para los repatriados. "No existe una economía sostenible para estar dando más y más apoyos. Si la economía no crece y los que producen, producen menos, eso será terrible", agregó.
El panorama se agrava, aseguró, por la violencia que continúa en diversas regiones del país. En estados como Michoacán, Guerrero y el propio Sinaloa de donde ya se observa un flujo migratorio interno hacia otras zonas, la falta de seguridad y empleo podría detonar mayores niveles de violencia.
"Esto va a crear todavía más violencia interna porque la gente no tiene trabajo y, en su desesperación, podría cometer más ilícitos", alertó.
Por último, advirtió que las ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez serán las primeras en enfrentar el impacto de las deportaciones masivas, con consecuencias inmediatas en su ya saturada infraestructura social y económica.