Toman Técnica 28; exigen aclarar paradero de un millón 354 mil pesos

GUASAVE, SINALOA.- Cansados de la falta de respuestas y de no contar con información clara sobre el destino de los recursos escolares, padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 28 (ETI 28) realizaron una toma pacífica y simbólica del plantel para exigir transparencia, una auditoría exhaustiva y la intervención inmediata de las autoridades educativas estatales y federales, así como la rendición de cuentas de la tesorera Dinora Gastélum Nafarrete y la destitución de la Directora María Aida Gutiérrez Meza por actos de presunto encubrimiento y hostigamiento hacia los padres de familia.

"Aquí lo que estamos pidiendo ya también es la destitución definitiva de lo que es la directora por encubrimiento hacia esas personas, y queremos que realmente se tome en cuenta a la nueva APF que nosotros elegimos en una reunión con un total de padres aproximado como de 100 y no quieren abrirnos lo que es la plataforma para que ellos hagan su registro correspondiente". Explicó la madre de familia.

La protesta surge en medio de los reclamos por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de la asociación de padres de familia, así como por la falta de comprobantes que permitan conocer con precisión cómo se utilizaron las aportaciones económicas entregadas por las familias durante el ciclo escolar 2025-2026.

A través de un documento distribuido durante la manifestación, los inconformes expusieron tres exigencias principales: esclarecer el destino del dinero, investigar el posible uso indebido de los fondos y garantizar la intervención de las instancias competentes para revisar la administración de los recursos.

MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS SIN COMPROBAR, DENUNCIAN

Leonardo Acosta Montoya, quien se identificó como presidente de la asociación de padres de familia, informó que, de acuerdo con los datos registrados en la plataforma correspondiente, durante el ciclo escolar anterior se recaudaron un millón 526 mil 788 pesos, mediante aportaciones de mil 500 pesos por padre de familia.

Sin embargo, aseguró que un millón 354 mil 233 pesos aparecen todavía sin comprobar, donde asegura que se deslinda de dicho documento por la falsificación de las firmas, situación que ha generado inconformidad entre quienes exigen conocer el destino de los recursos que entregaron para contribuir al funcionamiento y mejoramiento de la escuela.

"Ve es una firma por ausencia, no es la mía, me deslindo completamente de esta acta", señaló Acosta Montoya al momento de mostrar la documentación donde no aparece su firma. 

El conflicto se intensificó durante la sexta reunión convocada en la plaza cívica el pasado 20 de octubre de 2026 para revisar las cuentas del Comité de Administración del programa "La Escuela Es Nuestra", luego de que no se presentara la tesorera Dinora Gastélum Nafarrete a rendir cuentas, argumentado que padecía problemas de salud.

Según los manifestantes, su comparecencia era necesaria para presentar un desglose de los gastos, explicar qué materiales se utilizaron y cuál fue su calidad en la construcción de una barda, además de aclarar otros señalamientos, entre ellos la presunta falsificación de firmas en documentación.

"A mí me dio por revisar el acta y la supuesta firma que tiene y es muy parecida, pero no es la que corresponde, no es mi firma" declaró Perea López, quien además corroboró que a otras madres de familia también se les fueron falsificadas sus firmas para el acta constitutiva de la APF.

Por su parte, Acosta Montoya reconoció que no cuentan con elementos suficientes para afirmar que hubo malversación de recursos, pero insistió en que es indispensable revisar las cuentas y esclarecer cualquier irregularidad que pudiera existir.

ACUSAN FALTA DE TRANSPARENCIA Y PIDEN INVESTIGAR LOS FONDOS

En el documento que acompaña la protesta, los padres de familia sostienen que no existen informes suficientemente claros sobre el destino del dinero aportado por las familias y denuncian un presunto uso indebido de fondos que, según su planteamiento, debieron destinarse al mantenimiento, mejoramiento y atención de las necesidades de los estudiantes.

Por ello, demandan una auditoría exhaustiva y la intervención inmediata de las autoridades educativas competentes, con el propósito de revisar la documentación, verificar los comprobantes y determinar si existieron irregularidades en el manejo del presupuesto.

El representante de los inconformes señaló que las denuncias ya fueron presentadas ante distintas instancias, entre ellas la Subsecretaría de Vinculación del Gobierno del Estado, la Coordinación Estatal de Asociaciones de Padres de Familia y los departamentos de Escuelas Secundarias Técnicas y de Asesoría Jurídica, con sede en Culiacán.

Pese a estos acercamientos, aseguró que no han obtenido una respuesta que satisfaga sus demandas. También pidió revisar la actuación de la dirección del plantel para esclarecer cualquier posible responsabilidad, sin que ello implique dar por comprobadas las acusaciones.

CIERRAN SIMBÓLICAMENTE EL PLANTEL Y AMENAZAN CON ENDURECER PROTESTA

La toma de las instalaciones fue planteada como una acción pacífica y simbólica para presionar por una solución definitiva y transparente. Los padres buscan que autoridades estatales o federales acudan al plantel, intervengan en el conflicto y establezcan mecanismos que permitan conocer el estado real de las cuentas.

Además de exigir aclaraciones sobre los recursos del ciclo anterior, solicitaron información sobre las aportaciones recibidas desde el inicio del actual periodo escolar, el pasado 28 de agosto.

La comunidad escolar está integrada por mil 369 estudiantes, de acuerdo con los datos proporcionados por Acosta Montoya. Los manifestantes sostienen que la falta de claridad en el manejo de los recursos afecta la confianza de las familias y compromete la posibilidad de garantizar que el dinero se utilice en beneficio de los alumnos.

En su posicionamiento, subrayaron que la protesta busca defender el bienestar, la dignidad y los derechos de sus hijos, quienes merecen instalaciones adecuadas y una administración honesta de los recursos escolares.

Advirtieron que, si no reciben una respuesta concreta de las autoridades, podrían endurecer las medidas de presión e incluso recurrir a un paro definitivo.

Los padres exigen que las explicaciones no se queden en promesas ni reuniones sin resultados: quieren cuentas documentadas, una revisión formal de los recursos y respuestas claras sobre cada peso aportado. Ahora corresponde a las autoridades educativas atender los señalamientos, verificar la información y, en caso de encontrar irregularidades, actuar conforme a la ley.