Comunidades indígenas exigen reinstalar bases de seguridad tras cuatro ataques en 2026

Las comunidades indígenas de Michoacán registraron cuatro ataques armados durante este año y cerca de 20 en los últimos cuatro años, por lo que sus autoridades solicitaron al Gobierno federal y al estatal reinstalar las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI) que han sido retiradas de distintas localidades.

Pavel, representante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, señaló que los ataques más recientes ocurrieron en Sevina, Pichátaro, Ocumicho y la región de los 11 Pueblos, en Nacatacua. Precisó que las agresiones estuvieron dirigidas contra rondas comunales, casetas de vigilancia, accesos a las comunidades y casas de gobierno, mediante armas de fuego.

Aclaró que en días recientes no se han registrado nuevos ataques y que, hasta el momento, tampoco tienen reportes de agresiones con drones o casos de reclutamiento forzado.

Ante este panorama, autoridades indígenas sostuvieron una reunión en la Ciudad de México con el subsecretario de Inteligencia y Operación Federal, a quien plantearon el regreso de las bases de seguridad a comunidades donde anteriormente operaban, como Acachuén, Ocopeo y San Miguel del Monte, en Morelia.

El representante explicó que estos destacamentos permanecen durante algunos meses y posteriormente son retirados, situación que, advirtió, deja nuevamente vulnerables a las localidades y permite el regreso de grupos delictivos.

Indicó que la presencia de las BOI contribuye a reducir delitos y problemas relacionados con el narcomenudeo. Explicó que, de acuerdo con lo reportado por autoridades comunales, los grupos criminales comienzan a ganar terreno mediante la distribución de drogas y el enganche de jóvenes, para después extender otras actividades ilícitas.

La propuesta es establecer al menos una base por cada región indígena, incluidas las cuatro regiones purépechas, además de las comunidades nahuas, otomíes y otras zonas del estado.

Como segundo planteamiento, solicitaron que los autogobiernos puedan acceder directamente a recursos y programas del Sistema Nacional de Seguridad Pública para adquirir patrullas, cámaras, armamento y otros materiales, ya que actualmente los mecanismos de acceso están dirigidos principalmente a gobiernos estatales y municipales.

En Michoacán existen 57 autogobiernos indígenas y, según el representante, cerca de la mitad de sus rondas comunales cuentan con capacitación y certificación; las demás continúan en proceso, que puede tardar hasta dos años.

Como parte de los acuerdos, la próxima semana comenzarán nuevas capacitaciones para las rondas comunales, con una primera etapa de un mes, además de actividades de prevención del delito en escuelas. También se pactó una reunión con el secretario de Seguridad federal dentro de un mes.

El representante consideró que estas acciones son insuficientes frente al problema de violencia, pero señaló que pueden contribuir a fortalecer la vigilancia comunitaria.