Congreso de Michoacán aumenta penas por infanticidio y reclutamiento forzado

El Congreso de Michoacán aprobó reformas legales para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, con penas de 40 a 60 años de prisión para quien prive dolosamente de la vida a una persona menor de edad, sanciones que podrán incrementarse hasta en una tercera parte cuando existan circunstancias agravantes.

Las modificaciones fueron avaladas durante una sesión extraordinaria, a partir de un dictamen que reunió 15 iniciativas legislativas y que contempla cambios al Código Penal, al Código Familiar y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Entre los supuestos que permitirán aumentar la pena por infanticidio se encuentran la existencia de violencia previa, la intención de impedir que la víctima declare o testifique, la inducción u obligación de realizar actividades laborales, recreativas o retos, así como las agresiones relacionadas con castigos disciplinarios, burlas o acoso anteriores. También se considerará si existía alguna relación entre la víctima y el responsable.

BUSCAN ENDURECER LAS SANCIONES

Las reformas también buscan endurecer las sanciones contra quienes recluten de manera forzada a menores de edad para involucrarlos en actividades delictivas, en un intento por fortalecer las medidas de protección frente a la violencia y la explotación.

Otro de los cambios establece responsabilidades para padres, madres o tutores que obliguen o permitan que niñas, niños y adolescentes realicen actividades laborales bajo condiciones de explotación.

En materia familiar, las modificaciones establecen que las autoridades estatales y municipales deberán procurar que, cuando exista una separación familiar, los menores conserven la convivencia con sus progenitores, familiares o personas significativas, siempre que esto no represente un riesgo y sea compatible con su interés superior.

La legislación también incorpora disposiciones para proteger la privacidad y la imagen de la infancia. Se considerará una vulneración a su intimidad la difusión de fotografías, nombres, datos personales o referencias que permitan identificarles en medios impresos o electrónicos, cuando estas acciones afecten su honra o reputación.

Con ello, se busca establecer mayores responsabilidades para los adultos que expongan a menores en redes sociales de formas que perjudiquen su desarrollo.

El paquete de reformas plantea que las familias, la sociedad y las autoridades cumplan con su obligación de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia, tanto en el ámbito familiar como en espacios públicos y digitales.