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08 de Mayo del 2025
Política

Congreso de Michoacán el 2° más caro a nivel nacional

Congreso de Michoacán el 2° más caro a nivel nacional

El Congreso de Michoacán se posiciona como el segundo más caro a nivel nacional, es decir, el que más nómina paga a los integrantes del Poder Legislativo, solo por debajo de Jalisco. De acuerdo al Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales del INEGI, Michoacán destina mil 199 millones de pesos para el pago a quienes conforman la 76 legislatura del Estado, mientras que Jalisco, que se encuentra en el número 1, destina mil 577 millones, solo aproximadamente 400 mil pesos más. 


Al cierre de 2023 de manera general, 11 mil 8223 personas se desempeñaron como funcionarias en los congresos estatales: 49.9 % correspondió a mujeres en Michoacán y 51.1% a hombres. Respecto del nivel de ingresos del personal de los congresos, destaca que el 20% de los hombres tenían ingresos brutos mensuales mayores de 35 mil pesos y el 17% de mujeres con el mismo nivel de ingresos. En cuanto al nivel de escolaridad, 47.6 % de las mujeres y 45% de los hombres contaron con estudios de licenciatura o superiores.  Destacaron Chiapas, Michoacán y Quintana Roo con los mayores porcentajes de mujeres, 65 y 64 respectivamente. Querétaro y Michoacán fueron los Estados que presentaron mayor porcentaje de personas legisladoras reelectas, con 24 y 23%, respectivamente. 


El Congreso de Michoacán es un órgano fundamental en la vida política y legislativa del estado. Entre sus funciones destacan la representación política de los michoacanos, la legislación sobre competencias estatales, la fiscalización de fondos y recursos locales, y la función de Jurado de Sentencia para juicios políticos de servidores públicos. Entre sus principales funciones destacan la de representar políticamente a los michoacanos; legislar sobre los ramos de la administración que sean competencia del Estado, así como participar en las adiciones o reformas a la Constitución Local y a la Constitución de la República; fiscalizar las acciones del Estado y los municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública; y, por otro lado, erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio del interés público.





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