La alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, promovió una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, derivada de declaraciones del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre su vida privada.
El recurso fue presentado el 30 de octubre ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del organismo electoral, con el respaldo de 14 mujeres, entre ellas legisladoras y figuras de la política nacional como Patricia Mercado, Martha Tagle, Amalia García Medina, Ivonne Ortega Pacheco y Julieta Macías Rábago.
En el documento, las promoventes solicitan el inicio de un Procedimiento Especial Sancionador para investigar las expresiones del mandatario estatal y determinar si constituyen una infracción a la legislación electoral por violencia política con elementos de género.
La denuncia señala que los comentarios del gobernador sobre aspectos de la vida privada de Quiroz García tendrían como propósito desprestigiarla y afectar su participación política. Además, sostiene que estas declaraciones forman parte de un contexto de ataques sistemáticos en su contra.

Las firmantes argumentan que las expresiones denunciadas podrían vulnerar disposiciones constitucionales, electorales y de tratados internacionales que protegen los derechos políticos de las mujeres y establecen medidas para prevenir y sancionar la violencia de género.
SOLICITAN ATENCIÓN URGENTE
En el escrito también se solicita que el asunto sea atendido con carácter urgente, debido a que, desde la perspectiva de las promoventes, las declaraciones pueden tener consecuencias sobre el ejercicio de las funciones públicas y la participación política de la alcaldesa.
La queja fue dirigida contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y contra quienes resulten responsables. Corresponderá a las autoridades electorales analizar los hechos, determinar si existen elementos para iniciar el procedimiento y, en su caso, establecer las medidas que correspondan.
El caso coloca nuevamente en el ámbito electoral la confrontación entre la alcaldesa de Uruapan y el titular del Ejecutivo estatal, ahora bajo el análisis de las disposiciones que protegen a las mujeres frente a posibles actos de violencia por motivos de género.