El Gobierno de Michoacán entregó al Congreso del Estado el Paquete Fiscal 2027, que contempla un presupuesto de ingresos y egresos por 111 mil 641 millones 692 mil 635 pesos, un incremento nominal de 3.48 por ciento respecto al monto aprobado para 2026, que fue de 107 mil 884 millones 611 mil 261 pesos.
El documento fue presentado por la Secretaría de Finanzas y Administración para su análisis y discusión en el Poder Legislativo, donde será revisado por las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública, antes de someterse a consideración del Pleno para su aprobación.
El tesorero estatal aseguró que la propuesta presupuestal está diseñada de acuerdo con las condiciones económicas de Michoacán y responde a criterios de responsabilidad política, social y financiera, con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de la entidad.
Entre los principales planteamientos del paquete fiscal, destacó que no contempla la creación de nuevos impuestos ni la contratación de deuda pública, por lo que, de aprobarse en los términos presentados, el ejercicio financiero del próximo año se realizaría sin recurrir a estas medidas.
Asimismo, explicó que los sectores de educación, salud, seguridad y justicia concentrarán el 58.2 por ciento del presupuesto proyectado para 2027. Si a estos rubros se agregan los recursos destinados a municipios y al pago de deuda, la proporción alcanzaría el 82.8 por ciento del gasto total.
En cuanto al origen de los recursos, el funcionario detalló que el 91.2 por ciento de los ingresos previstos para Michoacán provendrán de aportaciones y recursos federales, mientras que el 8.8 por ciento corresponderá a ingresos estatales, lo que refleja la dependencia financiera de la entidad respecto a la Federación.
El Paquete Fiscal también contempla la distribución del gasto en dos grandes categorías. El gasto programable comprende los recursos destinados a los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, dependencias del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, entidades y provisiones.

Por su parte, el gasto no programable incluye las participaciones y aportaciones destinadas a los municipios, así como las obligaciones financieras del estado.
El tesorero señaló que la propuesta busca mantener una administración responsable de los recursos públicos y atender las principales necesidades de la población, al tiempo que se garantiza la operación de las instituciones y la continuidad de los programas gubernamentales.
Finalmente, destacó que mantiene como prioridad la transparencia, la rendición de cuentas y la entrega de resultados, por lo que aseguró que existe disposición para atender los requerimientos de las comisiones legislativas y proporcionar la información técnica necesaria durante el análisis del presupuesto.
El proyecto financiero para 2027 entrará ahora en la etapa de revisión legislativa, en la que los diputados deberán analizar la distribución de los recursos, sus alcances y las prioridades de gasto antes de definir su aprobación.