La encrucijada fiscal de México entre el gasto social y la recaudación

El proyecto de nación de la Cuarta Transformación colocó a los programas sociales como uno de sus estandartes. Su inclusión como derechos constitucionales sin duda representa un avance en equidad social; sin embargo, también supone una encrucijada: ¿cómo mantenerlos y expandirlos si no se logra recaudar más impuestos?

La advertencia lanzada desde la propia bancada oficialista por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar es clara: 2028 es el año del no retorno. Sin un salto definitivo en los ingresos fiscales, las pensiones universales y los apoyos directos corren el riesgo de convertirse en meras ilusiones.

Hablar de una reforma fiscal representa un riesgo electoral alto: el temor a perder votos sin contemplar que puedan marcar el camino hacia una crisis fiscal acentuada por el estancamiento del PIB, en un contexto donde México sigue ocupando el lugar 22 de 28 en recaudación dentro de la OCDE y América Latina.

A este panorama se suma la volatilidad cambiaria, con un dólar rozando los 18.37 pesos, su nivel más alto desde abril de 2025, y el espejismo de las divisas petroleras, pues aunque aumentan los precios internacionales del crudo, México neutraliza el beneficio con los subsidios al IEPS para evitar un «gasolinazo».

Por si fuera poco, las fugas continúan: el huachicol fiscal, las facturas falsas y la extorsión merman más de dos puntos del PIB al año, superando con creces cualquier esfuerzo ordinario de recaudación.

La paradoja es inevitable: impulsar una reforma fiscal le puede costar votos al Gobierno en el corto plazo, pero mantener los programas sociales sin aumentar la recaudación es arriesgar a toda la nación a una crisis económica.