Organizaciones acusan que derrame en el Golfo de México inició desde febrero

Diversas organizaciones ambientales y de defensa del territorio señalaron que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México habría iniciado desde inicios de febrero de 2026 en un ducto de Petróleos Mexicanos, y no en marzo como sostuvieron públicamente autoridades federales, lo que, afirman, implicó un ocultamiento que impidió alertar oportunamente a las comunidades costeras.

De acuerdo con la investigación presentada por los colectivos firmantes, desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos en la zona marina frente a Campeche, sobre el ducto de 36 pulgadas identificado como "OLD AK C", una línea activa que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas.

Según el documento, del 7 al 14 de febrero el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V. bajo contrato con Pemex Exploración y Producción, permaneció sobre ese punto mientras imágenes satelitales mostraban una extensa mancha de petróleo en la zona. Para el 19 de febrero, la mancha habría alcanzado casi 300 kilómetros cuadrados.

Las organizaciones indicaron que durante esos días también se observaron embarcaciones realizando maniobras de atención y dispersión con cañones de agua, pero no se emitió ninguna alerta pública inmediata sobre la magnitud del vertido.

Semanas después, a inicios de marzo, el hidrocarburo comenzó a arribar de manera sostenida a las costas de Tabasco, Veracruz y posteriormente Tamaulipas. Para el 21 de marzo, señalan, ya se habían documentado 630 kilómetros de litoral afectados y 51 puntos con presencia de chapopote en playas, manglares, arrecifes y zonas de pesca del corredor arrecifal del suroeste del Golfo.

En su conferencia del 26 de marzo, autoridades federales ubicaron el inicio de la contingencia en los reportes costeros del 2 de marzo y atribuyeron el contaminante a un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y a chapopoteras naturales, incluida una en la zona de Cantarell. Sin embargo, las organizaciones sostienen que la evidencia recopilada contradice esa versión.

A decir de los firmantes, si un buque especializado permaneció ocho días sobre un ducto activo de Pemex en una zona de navegación restringida, mientras una gran mancha de hidrocarburos era visible, no resulta creíble sostener que el origen del derrame era incierto o natural.

Las organizaciones señalan que esta situación no es únicamente una diferencia de versiones, sino una presunta falsedad en la cronología y el origen probable del vertido, lo cual tuvo consecuencias directas en la falta de preparación de las comunidades costeras, que no fueron alertadas oportunamente sobre los riesgos a la salud, al ambiente y a sus medios de vida.

En ese contexto, recordaron que el "Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas" obliga a emitir avisos inmediatos, identificar la fuente del derrame y coordinar la respuesta institucional, por lo que consideran que ocultar información diluye la responsabilidad sobre la reparación del daño.

Los colectivos exigieron al grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Marina, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que informen públicamente desde cuándo conocían el vertido, qué acciones realizaron en febrero, qué infraestructura identifican como responsable y qué medidas de contención, restauración, monitoreo e indemnización se aplicarán en las zonas afectadas.

Asimismo, pidieron transparentar los documentos generados conforme al plan de contingencia, los estudios de impacto ambiental realizados y si ya se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes resulten responsables.

El pronunciamiento fue firmado por organizaciones como Greenpeace México, A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Alianza Mexicana contra el Fracking, Geocomunes, Wildlands Network Programa México, entre otras agrupaciones civiles.