Sancionarán a servidores públicos que filtren imágenes violentas

 La filtración, difusión, entrega, revelación, publicación, transmisión y exposición de información o imágenes de una víctima, será catalogado como delito, así lo aprobaron las y los diputados integrantes de la septuagésima cuarta legislatura en la sesión ordinaria que se celebró este día.

Dicha iniciativa fue presentada por la Comisión de Justicia en dónde se incluyeron las propuestas de diversos diputados que iban encaminadas a reformar el artículo 260 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo y adicionar el artículo 57 bis a la Ley de Resposabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo; y la Iniciativa por el que se reforma el artículo 263 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo..

Se contribuye a frenar y sancionar estos actos de filtrado de imágenes desgarradoras, que no tienen otro fin más que revictimizar a la víctima. 

El servidor público que incurra en este delito, sea responsable de los daños que ello ocasione y será sancionado, al establecer que la filtración de información, imágenes, videos o audios respecto de datos que obren en una carpeta de investigación o proceso penal en cualquier etapa, constituyen grietas en el sistema de procuración y administración de justicia, además del daño inminente a la dignidad, honra e imagen de la víctima.

Divulgar esa información podría desvirtuar los elementos probatorios, violar el debido proceso y corromper una vinculación a proceso y que se deben tomar las medidas de protección a la cadena de custodia evitando la difusión ilegal de imágenes de las víctimas y procurar que se apliquen las debidas sanciones a quien resulte responsable de dichas acciones.

Cuando la víctima sea exhibida y se trate de una mujer o a menores de edad, las penas se incrementarán en una tercera parte y si se vincula con imágenes de un feminicidio, que implique niñas, niños o adolescentes se aumentara en dos terceras partes. 

Con estas reformas aprobadas, se armoniza la legislación con la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, que mandata la obligación de la confidencialidad del uso de la información personal de la víctima y también con la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.