Sin dinero y sin justicia por feminicidio de Zuleyma
Sociales

Sin dinero y sin justicia por feminicidio de Zuleyma

Por: Jaqueline Espinoza
Morelia
Fecha: 18-11-2026

A cuatro años del feminicidio de Zuleyma Zareth, ocurrido en 2022 en el municipio de Zinapécuaro, su familia continúa sin obtener justicia, pues el presunto responsable todavía no recibe una sentencia. A la espera de que avance el proceso judicial, sus familiares denuncian que el acusado busca modificar las condiciones de su situación legal para enfrentar en libertad el resto de la etapa de investigación, mientras ellos enfrentan un desgaste emocional y económico cada vez mayor.


Desde que ocurrió el feminicidio, la familia de Zuleyma ha mantenido la exigencia de que el responsable sea juzgado y reciba una sentencia. Sin embargo, aseguran que el camino para alcanzar justicia se ha prolongado y que los procedimientos legales representan nuevas dificultades para quienes, desde hace cuatro años, buscan que el caso no quede impune.


Uno de los principales obstáculos que enfrentan es la falta de recursos económicos para dar seguimiento al proceso. Los familiares de Zuleyma radican en el Estado de México, por lo que deben trasladarse constantemente a Michoacán para participar en las audiencias y atender los requerimientos relacionados con el juicio.


Estos desplazamientos implican gastos de transporte, alimentación y, en algunas ocasiones, hospedaje, además de los recursos que deben destinar para cubrir otros costos derivados del procedimiento legal. La situación ha provocado que prácticamente agoten sus recursos económicos, al tener que priorizar su presencia en las diligencias para evitar que el caso pierda continuidad.


A esta situación se suma el desgaste físico y emocional que, señalan, han acumulado durante los cuatro años de búsqueda de justicia. Para la familia, cada retraso representa no solamente más tiempo sin una resolución, sino también una nueva dificultad para sostener económicamente su participación en el proceso.


Ante estas circunstancias, los familiares han solicitado en distintas ocasiones los apoyos económicos destinados a las víctimas indirectas de feminicidio, particularmente aquellos que pueden contribuir a cubrir los gastos de traslado para acudir a las audiencias. Sin embargo, denuncian que, pese a las solicitudes realizadas, los recursos no les han sido entregados.


Ana Karen Contreras, hermana de Zuleyma, señaló que desde noviembre solicitaron formalmente el apoyo ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con sede en Morelia, sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta favorable que les permita solventar los gastos de sus próximos traslados.


La familiar explicó que esta falta de respaldo representa una preocupación adicional, debido a que necesitan continuar presentándose a las audiencias, pero cada visita a Michoacán implica una inversión que actualmente ya no están en condiciones de cubrir.


Ana Karen Contreras, hermana de Zuleyma: "Quiero exigir una respuesta a la Comisión de Víctimas de Morelia, se les ha solicitado desde el mes de noviembre el apoyo para cubrir gastos de traslado para acudir a las audiencias de juicio oral y desde entonces no se nos ha apoyado desde la fecha ya mencionada".


La familia considera que las instituciones encargadas de brindar atención a las víctimas indirectas deben garantizar que las condiciones económicas no se conviertan en un impedimento para acceder a la justicia. Señalan que, además de enfrentar la pérdida de Zuleyma, han tenido que asumir prácticamente por cuenta propia los costos de un proceso que continúa sin resolverse.


Mientras tanto, el procedimiento legal sigue avanzando entre diligencias y solicitudes relacionadas con la situación jurídica del señalado como responsable. Sus familiares expresaron su preocupación ante la posibilidad de que pueda continuar el proceso en libertad, pues consideran que esto representa otra incertidumbre dentro de una búsqueda de justicia que se ha extendido durante cuatro años.


El feminicidio de Zuleyma Zareth ocurrió en 2022 en Zinapécuaro y, desde entonces, sus familiares han mantenido su exigencia de una sentencia. A cuatro años de los hechos, la espera continúa, pero ahora también enfrentan la falta de recursos para sostener su participación en las audiencias y la ausencia de una respuesta sobre los apoyos institucionales que han solicitado.


Para sus familiares, la exigencia sigue siendo la misma: que el caso no quede impune, que se garantice el acceso a la justicia y que las autoridades responsables de atender a las víctimas indirectas respondan a las necesidades económicas que enfrentan durante este proceso.


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