Alrededor de mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Michoacán iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido, en rechazo a un acuerdo que establece nuevas evaluaciones para el personal de base y condiciona su permanencia en el empleo a los resultados obtenidos.
La movilización se realizó en las instalaciones de los órganos judiciales del estado, luego de que el acuerdo fuera publicado el miércoles, con disposiciones que, de acuerdo con los trabajadores, eliminan la estabilidad laboral que habían adquirido mediante los procedimientos de ingreso y promoción de la carrera judicial.
Nelly Delvira Ríos, delegada del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, explicó que la inconformidad no está relacionada con la aplicación de exámenes, sino con los criterios establecidos para determinar quién conserva su puesto.
Detalló que el nuevo mecanismo contempla una calificación integrada por tres componentes: 40 por ciento corresponde a un examen de conocimientos, 30 por ciento a la evaluación del juez o magistrado titular y el 30 por ciento restante a la valoración de los propios compañeros de trabajo.
Consideró que este esquema permite que factores personales o relaciones laborales influyan en la calificación, mientras que el conocimiento y la capacidad para desempeñar las funciones representan menos de la mitad de la evaluación.
Advirtió que quienes no alcancen la calificación requerida podrán ser separados del cargo sin posibilidad de impugnar el resultado. Además, señaló que la aprobación únicamente garantizaría estabilidad laboral por periodos limitados, con nuevas evaluaciones posteriores.
En Michoacán, estimó que alrededor de 600 trabajadores de base podrían resultar afectados por estas disposiciones, de una plantilla aproximada de mil empleados distribuidos en 22 órganos judiciales, entre juzgados, tribunales colegiados y laborales, además de oficinas en Uruapan y el Centro Federal de Readaptación Social número 17, en Apatzingán.
De acuerdo con el calendario establecido, los exámenes para secretarios y actuarios están previstos para los días 4 y 8 de diciembre, mientras que los oficiales deberán presentarlos el 14 y 15 del mismo mes. Los resultados se darían a conocer en enero. Sin embargo, los trabajadores señalaron que todavía no reciben el temario ni conocen los criterios para las evaluaciones realizadas por jueces y compañeros.
Ríos cuestionó que estas exigencias se apliquen al personal que obtuvo su base mediante exámenes y procedimientos de selección, mientras que los juzgadores electos por voto popular no enfrentan las mismas consecuencias por reprobar evaluaciones.
Los trabajadores exigieron al Órgano de Administración Judicial echar abajo el acuerdo y establecer evaluaciones exclusivamente de conocimientos, además de garantizar capacitación previa y mecanismos de revisión.
Mientras tanto, el paro continuará de manera indefinida. Las áreas relacionadas con asuntos penales y de salud mantienen atención a casos urgentes.