El goberador de Michoacá, Alfredo Ramírez Bedolla, propuso que adolescentes puedan ser juzgados como adultos, tras el femenicidio de dos maestras en Lázaro Cárdenas al argumentar que las penas actuales no responden a la gravedad de los delitos como el homicidio.
"Esta situación es específicamente para que sean juzgados como adultos, igual que tengan la pena de homicidio que establece el código penal, sí y más porque aquí hay un doble homicidio", declaró el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Actualmente, los menores de 16 años pueden ser castigados con hasta 3 años de prisión, mientras que los mayores entre 16 y menores de 18 pueden ser enjuiciados con máximo 5 años.
"Lo que tendrías que hacer es replantear el sistema educativo y hacer una investigación profunda de cómo está operando el sistema de bachilleratos en el estado y en el país para mejorar y ver el tipo de condiciones de salud mental", declaró Alberto Baena, consultor experto en Seguridad.
Mientras que el gobernador de Michoacán argumenta que el hecho de que no puedan ser sancionados como adultos, es la razón por la que el crimen organizado ha optado por utilizar a menores de edad para cometer delitos como el homicidio.
"Pero hemos visto como grupos delictivos aprovechan la inimputabilidad, o sea no son imputables los menores de edad y aprovechan esta situación para captar jóvenes a la delincuencia", añadió el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
VIOLENCIA POR DESCUIDO INSTITUCIONAL
Por su parte, los expertos señalan que este tipo de hechos se derivan del descuido institucional de los menores de edad, así como un contexto de violencia armada.
"Es una solución tonta ¿Por qué no mejor establecer, mejorar y perfeccionar el sistema educativo mexicano? Esta es otra de las grandes lecciones que nos deja el que no haya este engranaje entre escuela, padre de familia, sistema de seguridad, prevención", indicó Alberto Baena, consultor experto en Seguridad.
"No hay niños malos, no nacen, esto no es de código genético, esto se da en contextos de violencia armada, abandono institucional y en omisiones institucionales", declaró Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
La discusión no solo gira en torno a sanciones más duras, sino a la responsabilidad del Estado en garantizar entornos seguros y condiciones de desarrollo para evitar que menores de edad sean parte de la violencia.